El fiscal de Venezuela, Larry Devoe, sostuvo este lunes un encuentro estratégico con Valérie Aubert, jefa de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el país. Durante la reunión, ambas partes acordaron la construcción de un plan de trabajo orientado a robustecer las capacidades del Ministerio Público en materia de protección de derechos humanos, con especial énfasis en la población privada de libertad.
A través de sus canales oficiales, Devoe destacó que esta agenda conjunta busca optimizar las áreas del mandato fiscal que impactan directamente en las condiciones de reclusión. Asimismo, el funcionario extendió una invitación formal al CICR para que la agencia brinde sus aportes técnicos en la Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal, un proceso impulsado recientemente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Crisis en el sistema penitenciario
El acercamiento entre la Fiscalía y el organismo internacional ocurre en un momento de tensión tras los sucesos violentos del pasado lunes en el Centro Penitenciario de Yare, en el estado Miranda. Un motín en dicho recinto de máxima seguridad —destinado a miembros de bandas criminales y líderes negativos— resultó en la muerte de cinco privados de libertad.
Aunque el Ministerio de Servicio Penitenciario calificó el hecho como una «riña interna», la opacidad sobre los detalles ha generado preocupación entre familiares y organizaciones no gubernamentales. La Fiscalía mantiene abierta una investigación para esclarecer las responsabilidades en este caso.
Compromisos institucionales en espera
La reunión con el CICR también resalta ante la reciente promesa de la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, quien el pasado 16 de abril se comprometió a realizar visitas de inspección técnica en las cárceles para verificar las condiciones de vida de los internos. Sin embargo, hasta la fecha, no se han reportado avances oficiales sobre la ejecución de dichos operativos.
Por su parte, la Cruz Roja Venezolana ha mantenido un rol activo en la coyuntura política y social del país. El pasado febrero, la institución informó que brindaría evaluaciones médicas a los ciudadanos beneficiados por los procesos de liberación iniciados por el Gobierno encargado el 8 de enero, reforzando su papel como actor humanitario clave en la actual transición judicial.
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