La organización no gubernamental Foro Penal, referente en la defensa de los derechos humanos en Venezuela, actualizó este miércoles su balance de detenciones por motivos políticos, ubicando la cifra en 485 personas. Sin embargo, la noticia central del reporte fue la dura crítica a la aplicación de la Ley de Amnistía, la cual, según la ONG, se ha convertido en un mecanismo de retraso judicial.
Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, manifestó a través de la red social X que la normativa aprobada el pasado 19 de febrero está funcionando como un «embudo para ralentizar o paralizar» la salida de quienes aún permanecen en los calabozos, a pesar de las expectativas generadas tras el cambio político iniciado en enero.
Un proceso selectivo y restringido
El Gobierno interino de Delcy Rodríguez, establecido tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, impulsó la amnistía como una medida de reconciliación. No obstante, el diseño de la ley ha sido cuestionado por su alcance:
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Exclusiones críticas: La norma no aplica a casos relacionados con operaciones militares, ni a delitos de homicidio o violaciones de derechos humanos, lo que deja fuera a un sector considerable de los detenidos.
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Limitación temporal: Aunque menciona un periodo de 27 años (desde 1999), la concesión del beneficio se limita a hechos ocurridos en solo 13 años específicos.
Discrepancia en las cifras
La tensión entre las cifras oficiales y las de las ONG es evidente. El pasado martes, Rodríguez afirmó que «más de 8.000» ciudadanos han sido amnistiados. Sin embargo, los defensores de derechos humanos aclaran que la gran mayoría de estos registros corresponden a personas que ya se encontraban fuera de las cárceles bajo medidas cautelares o libertad condicional, y no a nuevas excarcelaciones de presos políticos.
Exigencia de transparencia internacional
A más de un mes de la promulgación de la ley, el Estado venezolano mantiene bajo reserva la identidad de los beneficiados. Esta opacidad ha provocado que incluso el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, haya solicitado públicamente la publicación de un listado detallado para verificar el cumplimiento de la norma.
De los 485 detenidos que contabiliza actualmente el Foro Penal, 44 son ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad, cuyos procesos se encuentran en un limbo jurídico mientras las autoridades y la defensa técnica mantienen visiones opuestas sobre la efectividad de la transición judicial en el país.
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