
La ONG Foro Penal, referente en la defensa de los derechos humanos en Venezuela, informó este sábado que la cifra de presos políticos en el país se ubica en 477 personas. El reporte detalla que el grupo está conformado por 432 hombres y 45 mujeres. De este total, 290 son civiles y 187 son militares; además, la organización destaca la permanencia de un adolescente y 43 ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad en los centros de reclusión.
De acuerdo con el balance publicado en la red social X, 164 de los detenidos ya han recibido condena, mientras que 313 permanecen bajo arresto sin una sentencia firme. Esta actualización ocurre casi dos meses después de que el Parlamento aprobara una Ley de Amnistía el pasado 19 de febrero. Sin embargo, Foro Penal ha calificado esta normativa como un «embudo», denunciando que se está utilizando para ralentizar o paralizar la liberación de muchos prisioneros.
Contexto político tras la captura de Nicolás Maduro
El proceso de excarcelaciones gestionado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez comenzó poco después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero, tras una operación ejecutada por fuerzas de Estados Unidos en Caracas. Aunque el nuevo Ejecutivo propuso la amnistía para aliviar la tensión política, la ley actual presenta limitaciones significativas, excluyendo casos relacionados con operaciones militares específicas, delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Opacidad oficial y denuncias internacionales
A pesar de que las cifras oficiales del gobierno aseguran que más de 8.000 personas han sido beneficiadas por la amnistía, las autoridades venezolanas no han publicado un listado con las identidades de los favorecidos. Esta falta de transparencia ha provocado reclamos públicos por parte del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. Paralelamente, el pasado martes, un grupo de expresos políticos acudió a las oficinas de la ONU en Caracas para denunciar la negación sistemática de solicitudes de amnistía bajo argumentos discrecionales.
Alcance temporal y exclusiones de la normativa
La Ley de Amnistía vigente contempla un periodo teórico de 27 años (desde 1999), pero restringe su aplicación real a 13 «hechos» específicos ocurridos en años seleccionados. Esta estructura legal ha dejado en un limbo jurídico a cientos de detenidos cuyas causas no encajan en los supuestos aprobados, manteniendo la tensión entre las organizaciones civiles y el sistema de justicia transicional en esta etapa de crisis política.
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