La ONG Foro Penal, enfocada en la defensa de los presos políticos en Venezuela, afirmó este martes que la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) impulsada por el Parlamento requiere cambios estructurales profundos.
Según la organización, este proceso debe incluir la reforma o derogación de varias leyes y el desmantelamiento directo del «aparato represivo» estatal.
Un sistema judicial al servicio del poder
Durante un evento en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), en Caracas, el director vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, advirtió sobre los límites de una reforma parcial.
«De nada sirve tener unos jueces impolutos, perfectos, honestos, capaces en el Tribunal Supremo de Justicia si de allí hacia abajo seguimos manteniendo el aparato represivo en las manos y sobre de los hombros de las mismas personas».
Himiob señaló que la justicia venezolana ha funcionado con suma eficiencia para que los sectores en el poder persigan a los disidentes, mientras ignora las necesidades reales de los ciudadanos. Por ello, instó a reconstruir el sistema desde las bases y garantizar que el TSJ cuente con magistrados que generen confianza en la población.
Reformas legislativas urgentes
Entre sus propuestas, el representante de Foro Penal enfatizó la urgencia de modificar el Código Penal venezolano —al que calificó de «anacrónico»— y de derogar las normativas que operan como herramientas de persecución política.
Por su parte, el director presidente de la ONG, Alfredo Romero, coincidió en que el aparato judicial actúa como un engranaje clave de la represión estatal:
«Los jueces y fiscales en el país han servido no solo para encubrir, hacerse no solo cómplices, sino actores directos de la persecución política de disidentes».
Renovación parlamentaria
La declaración de la ONG coincide con las gestiones del Parlamento —de mayoría chavista— para estructurar el Comité de Postulaciones Judiciales. Esta instancia evaluará y preseleccionará a los aspirantes del TSJ mediante un equipo integrado por 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil.
En septiembre, el Legislativo reformó la normativa para sumar un integrante de la sociedad civil al comité, tras pactar con un sector de la oposición dialogante que busca articular garantías de independencia en la elección de los magistrados.
El actual TSJ enfrenta severas críticas de la oposición, que lo acusa de responder a los intereses del chavismo y de haber convalidado los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales de 2024.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
