Tras la oleada de violencia y saqueos que afectó a unos tres mil comercios el pasado fin de semana, el Gobierno de Francia anunció dos medidas para contener la crisis, que son la instauración de toques de queda localizados y una cobertura económica total para los trabajadores perjudicados.
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció la próxima aplicación de toques de queda parciales y delimitados por zonas —cuya «cartografía precisa» publicará el Ministerio del Interior— como medida prioritaria antes de evaluar el decreto del estado de emergencia.
«Es un toque de queda por territorios, parcial; me parece que, en este momento, es un instrumento más adaptado que decretar el estado de emergencia», explicó Lecornu tras una reunión de crisis.
Sin embargo, aclaró que no descarta recurrir al estado de emergencia más adelante si la situación lo requiere.
Esta medida busca atajar los altercados surgidos al margen de las manifestaciones del 17 de octubre contra el costo de la vida y el deterioro de los servicios públicos, en un contexto marcado por la ausencia del presidente Emmanuel Macron, de viaje oficial en el Golfo Pérsico.
Cobertura del 100 % al desempleo
En el plano económico, el Ejecutivo aprobó un esquema de protección laboral inmediato: desde este martes, los empleados de los comercios dañados o saqueados podrán acogerse a un dispositivo de paro parcial financiado íntegramente por el Estado.
Lecornu subrayó que se trata de una medida de «protección del empleo» esencial, afirmando que «no podemos permitir que haya daños sociales después de los destrozos materiales».
El costo fiscal de esta cobertura total aún no ha sido precisado, en un momento de notable fragilidad presupuestaria para el país.
Mientras los mercados financieros castigan la inestabilidad social —con caídas en la Bolsa de París y repuntes en la deuda pública—, el Gobierno combina estas medidas de auxilio e inmovilización con una «respuesta penal masiva».
Hasta la mañana del lunes se contaban 2.331 detenidos bajo custodia policial.
A solo seis meses de las elecciones presidenciales, el Ejecutivo acusa a grupos de extrema izquierda de intentar provocar un «profundo desorden» para desestabilizar el proceso electoral.
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