Río de Janeiro.- El futuro ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, dijo que los campamentos montados por grupos de bolsonaristas frente a los cuarteles para pedir un golpe militar que impida la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva se convirtieron en incubadoras de terroristas y tienen que ser desmontados.
Dino, designado por Lula como ministro de Justicia del Gobierno que asumirá el 1 de enero, manifestó su preocupación con los campamentos de los seguidores más radicales del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, tras la detención de un hombre que había intentado detonar un artefacto explosivo en Brasilia y al que se le incautó un arsenal en su vivienda.
El hombre, arrestado en la noche del sábado acusado de haber intentado detonar un explosivo en el aeropuerto de la capital de Brasil, admitió integrar el grupo de «bolsonaristas» que está acampado frente al cuartel general del Ejército en Brasilia para pedir un golpe de Estado que impida el regreso de Lula al poder.
«Los graves acontecimientos del sábado en Brasilia comprueban que los tales campamentos ‘patriotas’ se convirtieron en incubadoras de terroristas», afirmó el futuro ministro de Justicia, que es senador electo por el estado de Maranhao y un importante aliado del líder progresista.
Dino afirmó que algunas medidas vienen siendo tomadas y serán ampliadas, «con la mayor velocidad posible», para neutralizar el peligro generado por tales grupos.
Sin embargo, lamentó que algunas autoridades federales, dependientes directamente del líder ultraderechista, han sido omisas frente a esta situación, y advirtió que «también tienen que actuar ante esos crímenes políticos».
«Las investigaciones sobre el inaceptable terrorismo prosiguen», agregó Dino, quien adelantó que le solicitó al comisario al que nombrará como director general de la Policía Federal en el futuro Gobierno que mantenga contacto con las autoridades para estar al tanto de los avances.
«No hay pacto político posible y no habrá amnistía para terroristas, sus apoyadores y financiadores», advirtió.
La desactivación de un artefacto explosivo que había sido colocado dentro de un camión cisterna de transporte de combustibles y el hallazgo del arsenal en la casa del acusado de armar la bomba ocurrieron a solo ocho días de la investidura de Lula y generaron temores sobre posibles actos violentos durante la toma de posesión.
En la vivienda del acusado fueron hallados dos escopetas, un fusil, dos revólveres, tres pistolas, centenas de municiones, uniformes camuflados y cinco emulsiones explosivas usadas en minería y similares a la que equipaba el artefacto que fue desactivado.
Pese a que la Policía de Brasilia inicialmente no citó ninguna amenaza ni sospechas de un posible atentado el 1 de enero, cuando Lula asumirá su tercer mandato como presidente de Brasil, el hecho fue comunicado al equipo de transición del líder progresista, que ya ha manifestado sus temores por la seguridad durante la investidura.
Al acto de posesión del líder y fundador del Partido de los Trabajadores han confirmado asistencia al menos 17 jefes de Estado o de Gobierno, entre los cuales el rey de España y los presidentes de Alemania, Portugal, Argentina y Uruguay.
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