Praia.- Estados Unidos «instrumenta» por motivos políticos y electorales la extradición del empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y detenido en Cabo Verde a petición de Washington, denunció el exjuez español Baltasar Garzón.
Saab, de 48 años, fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal (el más importante de Cabo Verde), en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero.
Tras la detención del presunto testaferro, Venezuela indicó que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se hallaba «en tránsito» en Cabo Verde.
GUERRA DE EEUU CONTRA VENEZUELA
«Se está instrumentando por parte de EEUU a la jurisdicción caboverdiana para conseguir un objetivo político en su guerra particular, su guerra económica y guerra jurídica, contra Venezuela y todos sus altos responsables», aseguró Garzón, miembro del equipo de abogados de Saab, en declaraciones a la radio estatal caboverdiana RCV este jueves.
Cabo Verde «no puede permitir esta vocación expansiva para conseguir fines políticos utilizando mecanismos de persecución jurídica», subrayó el exmagistrado, al señalar que «los hechos que se le imputan (al empresario) son claramente inconsistentes».
De momento, el Gobierno de este país insular de África occidental y el Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla norteña de San Vicente y en el que recae la decisión final, han aprobado la extradición del presunto testaferro.
Sin embargo, Garzón confirmó que la resolución del tribunal, emitida este 31 de julio, va a ser «recurrida en apelación» ante el Supremo Tribunal de Justicia caboverdiano «presentándose ese recurso de forma inmediata».
«Ahí -explicó- volvemos a plantear seriamente el carácter político de este caso, la necesidad de que las autoridades judiciales de Cabo Verde entren a fondo en la realidad».
«Yo sé -prosiguió- que es difícil comprender la magnitud de la confrontación de EEUU contra Venezuela, pero aquí está en juego la vida y la libertad de una persona a la que, de momento, no se ha demostrado ni una sola de las acusaciones que EEUU le hace».
USO «ELECTORAL» DEL CASO POR TRUMP
La defensa de Saab, indicó, «va a ejercer todos sus derechos utilizando todos los mecanismos nacionales e internacionales para que esa extradición no se produzca» y evitar, asimismo, «el trato que el presidente de EEUU (Donald Trump) está deseando con carácter electoral y, por tanto, político en este caso».
A su juicio, EEUU, que celebra comicios presidenciales en noviembre en los que Trump opta a la reelección, «está tratando de imponer su criterio» a Venezuela y Cabo Verde.
«No se puede renunciar al principio de reciprocidad, como ha hecho la señora ministra de Justicia de Cabo Verde frente a EEUU», aseveró.
«Si (Saab) en vez de ser, lo que dicen los medios de comunicación, el supuesto testaferro del presidente Maduro, la acusación fuera de Venezuela contra el supuesto testaferro de Donald Trump. ¿Qué haría Cabo Verde frente a esa acusación? Me temo que no iba a ser lo mismo», alegó el exmagistrado español.
Garzón incidió en que la estrategia de la defensa se centra ahora en «el recurso de apelación contra la arbitraria decisión de extradición», si bien se «van a agotar otras instancias jurisdiccionales internacionales en el momento oportuno».
«Que no le quede duda a la Administración Trump que esto no va a ser fácil, que puede tardar mucho tiempo y que, en todo caso, esperemos que no sea un instrumento de utilización política en esta campaña electoral a la que estamos asistiendo y que tantos obstáculos está suscitando por parte de la administración norteamericana», zanjó.
La defensa de Saab argumenta desde el principio que el empresario «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde».
Garzón apuntó que su cliente «está claramente en una situación de indefensión absoluta» que «viola las normas más básicas de derechos humanos y del debido proceso».
Manifestó también que, «en caso de ser entregado a los Estados Unidos, hay un altísimo riesgo de que sufra malos tratos y tortura»; y denunció, como ya ha hecho el propio Saab, que éste sufre «tratos degradantes» en la prisión en la que está recluido en Sal.
SUPUESTO BLANQUEO MILLONARIO
El exjuez hizo estos comentarios después de que el empresario colombiano dirigiera esta semana una carta al primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, para denunciar su detención «ilegal» y pedirle la liberación para no ser entregado a EEUU.
El nombre de Álex Saab apareció en la prensa cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con «cientos de millones de dólares».
Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
EFE
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