La División de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo en flagrancia a Anya Puentes, ginecobstetra, de 34 años de edad
en su consultorio privado tras practicale un aborto a una menor de 13 años de edad que tenía ocho semanas de gestación, según información del diario La Prensa de Lara.
Se presume que la médico cobraba mil dólares por interrumpir embarazos y acostumbraba a realizar consultas «de rutina» a sus pacientes. Después de diversas denuncias e investigaciones, las autoridades llegaron hasta el consultorio, ubicado en la carrera 17 con avenida Vargas de Barquisimeto, donde la encontraron una vez realizado el procedimiento a la menor de 13 años.
Con la evidencia recopilada en el área los funcionarios de la DIP identificaron un recipiente con presuntos restos ovulares con partes de embrión, membranas, saco gestacional y el feto.
De acuerdo a las fuentes policiales, la doctora realizaba con regularidad los supuestos abortos; las pacientes eran agendadas vía telefónica y, más tarde, las atendía en su consultorio para no levantar sospechas. Se presume que por realizar el aborto la doctora cobraba 1.000 dólares.
Imputación
Luego de ser detenida por la DIP de la Policía Nacional Bolivariana, la llevaron a la audiencia de presentación en los Tribunales larense, en la cual la imputaron por el presunto delito de aborto sufrido agravado.
Según una fuente policial, la doctora fue trasladada el lunes hasta el Edificio Nacional, en donde se realizó la presentación.
El Colegio de Médicos aún no se ha pronunciado por el caso.
Aborto
En Venezuela es ilegal el aborto. El Código Penal lo clasifica como un delito; se permite solamente cuando la gestante corre riesgo de muerte. El Art. 432 sostiene que «la mujer que intencionalmente aborta, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma, o por un tercero, con su consentimiento, será castigada con prisión de seis meses a dos años».
Además, quien ayude a una mujer a abortar con o sin consentimiento de esta puede ser encarcelada/o de tres a seis meses o de tres años a cinco, respectivamente. Es por ello que existen en Venezuela grupos como Las Comadres Púrpuras que promueven la legalización del aborto en el país, para que puedan acceder a ellas las mujeres de escasos recursos y exista una apropiada educación sobre la sexualidad.
El aborto sea ilegal no implica que se reduzca su práctica sino que aumenta al igual que se incrementa el riesgo de muerte con prácticas ilegales que son realizadas por individuos no especializados ni capacitados para las mismas.
El caso de Vanessa Rosales fue uno de los más recientes, en el cual la activista de los Derechos de la Mujer, y profesora de la niña, fue condenada por asistir un aborto que se evidenció como estandarte de la criminalización de las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Venezuela.
Un caso reportado por el medio El País de España expuso cómo las niñas que son víctimas de una violación son llevadas a Colombia para poder abortar de manera segura y legal, pues el país vecino sí permite el aborto bajo tres particularidades: malformación del feto, riesgo de vida para la madre y abuso sexual.
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