Vista exterior de la sede de la Corte Penal Internacional, en La Haya, Países Bajos. EFE/VALERIE KUYPERS

La Administración del presidente Nicolás Maduro acusó este lunes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de desatender sus deberes y de justificar un «colonialismo jurídico» en contra de Venezuela, luego de que ese organismo anunciara el cierre de su oficina en Caracas por la falta de «progreso real» en la cooperación con el país sudamericano.

En un comunicado publicado en Telegram, la Cancillería venezolana sostuvo que el proceso llevado a cabo «no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma» y fue diseñado para satisfacer una agenda antiVenezuela impulsada por centros hegemónicos. El Ejecutivo ratificó que en Venezuela no se cometieron crímenes de lesa humanidad y que ha demostrado esto en todas las instancias, calificando la investigación como «instrumentalizada con fines geopolíticos».

El gobierno señaló que, aunque la Fiscalía inauguró una oficina en Caracas hace siete meses, nunca designó personal para ocuparla ni contribuyó con aportes a iniciativas nacionales, evidenciando su irresponsabilidad. Asimismo, Maduro afirmó que esta falta de acción es parte de una agenda clara de desentenderse para luego utilizar la justicia con fines políticos.

Oficina en Caracas

Por su parte, la Fiscalía de la CPI argumentó que, pese al «compromiso sostenido» con las autoridades venezolanas, el progreso real sigue siendo un reto y por ello decidió clausurar la oficina en Caracas, aunque la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017 permanece activa, dirigida por un equipo de fiscales que continuará trabajando desde La Haya.

Este proceso comenzó en 2018 tras una remisión internacional y ha enfrentado repetidos intentos del Gobierno de Maduro para detenerlo, alegando que el sistema judicial venezolano estaba investigando adecuadamente. Sin embargo, la Corte rechazó estas posiciones y autorizó la reanudación de las pesquisas en 2023.

El fiscal Karim Khan destacó en 2024 que la apertura de la oficina en Caracas representaba una oportunidad para avanzar en las investigaciones y fortalecer el vínculo entre las leyes venezolanas y el apoyo técnico internacional, una colaboración que ahora se reconfigura tras el cierre de la sede local.

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