El ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, garantizó este domingo que las autoridades han «ampliado» su «esfuerzo» y el número de agentes que participan en una operación para capturar a dos presos de «alta peligrosidad» fugados de una cárcel de máxima seguridad.
«Pese al relativamente largo tiempo desde la fuga», ocurrida el pasado miércoles en el penal de Mossoró, en el noreste del país, «los organismos policiales están empeñados en la captura» y han «ampliado sus esfuerzos», declaró el ministro en rueda de prensa.
Lewandowski se trasladó este domingo a Mossoró, en el estado de Río Grande do Norte y en cuyos alrededores se encuentra desplegado un gran operativo policial con el objetivo de capturar a los fugados.
Gobierno brasileño aumento el número de agentes involucrados
Inicialmente, participaban unos 300 agentes, pero el ministro precisó que esa fuerza ha aumentado a 500 funcionarios.
Los agentes están desplegados en un radio de unos 15 kilómetros en torno al penal, en una espesa región boscosa en la que se presume que se ocultan los fugitivos.
Esas son las primeras fugas registradas en una de las cinco cárceles federales de Brasil, todas de máxima seguridad y en las que están alojados los presos considerados de «alta peligrosidad», en su mayoría miembros de organizaciones criminales.
Ambos prófugos pertenecen al ‘Comando Vermelho’, una poderosa banda del tráfico de drogas de Río de Janeiro, con tentáculos en varios países de Sudamérica.
Del mismo modo la única pista hasta ahora que maneja el Gobierno brasileño, ha sido la denuncia de una familia que vive en una zona rural próxima al presidio, que fue hecha rehén por los fugitivos durante unas horas, durante la noche de este viernes.
Es por ello que la fuga llevó a las autoridades a endurecer las condiciones de reclusión en los penales federales, en los que están suspendidas las visitas y se ha ordenado que los presos permanezcan dentro de sus celdas.
Por consiguiente, en Brasil, según datos oficiales, a fines del año pasado había 832.300 personas encarceladas, en un sistema penitenciario que solo tiene capacidad para 600.000 detenidos, de los cuales unos 1.500 están recluidos en los penales federales.
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