La ministra de Interior chilena, Carolina Tohá, se reunió con los presidentes del Senado, Juan Antonio Coloma y de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic para avanzar en la agenda legislativa en materia de seguridad tras las muertes por disparos de tres policías en menos de un mes.
Al salir del encuentro, al que también acudió el ministro de Justicia, Luis Cordero.
Coloma aseguró que se fijaron 10 proyectos de ley para despachar en los próximos días relacionados con cambios administrativos para notificar la expulsión de migrantes ilegales, normas de usurpación y de libertad provisional, reiteración de delitos, creación del Ministerio de Seguridad y Ley de Ciberseguridad, entre otras.
El presidente del Senado calificó como «un esfuerzo potente de todos» los acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo para tramitar de forma exprés varias normas para combatir la delincuencia y el crimen organizado, que se han convertido, según las encuestas, en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
“Es importante legislar rápido, sin ninguna duda, pero también es importante legislar bien y por eso la reunión de hoy es una coordinación básica”, añadió, por su parte, Mirosevic.
“Lo clave, más allá de las diferencias políticas, ya sea izquierda o derecha, (es que) el Senado, la Cámara y el gobierno se ponen de acuerdo y también con el resto de los poderes del Estado”, agregó.
Reunión con el presidente de Chile
Coloma y Mirosevic también se reunieron con el presidente Gabriel Boric, en una junta en la que también participaron representantes de las policías y de los otros poderes del Estado.
Chile vivo este jueves una jornada de mucha consternación tras la muerte de un agente de Carabineros mientras realizaba un control rutinario en pleno centro de la capital, lo que generó la reacción de políticos y autoridades para tomar medidas urgentes contra la violencia.
La muerte del policía coincidió con el día en el que se aprobó en el Parlamento una polémica ley de seguridad -Ley Nain-Retamal-, denominada también «ley de gatillo fácil», que otorga más facultades a Carabineros en el uso de las armas de fuego y que era parte de un paquete de medidas de seguridad impulsadas por el Gobierno y el Congreso para ser tramitadas con urgencia.
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