Gobierno colombiano volverá a dialogar con los mineros del departamento de Antioquia, que protestan desde hace diez días, cuando «cesen los hechos de violencia» y se supere el desabastecimiento de alimentos causado por las manifestaciones que tienen a más de 250.000 personas confinadas en esa región del noroeste del país.
Así lo aseguró la Presidencia en un comunicado en el que señaló que el diálogo «solo se reabrirá una vez cesen los hechos de violencia, tengamos normalización en el territorio; se supere el desabastecimiento y la población pueda contar con alimentos, medicinas y el pleno funcionamiento de hospitales, colegios y centros de atención de la niñez».
El Ministerio de Salud solicitó este domingo activar los protocolos humanitarios para garantizar la protección del personal y los equipos de la Misión Médica en la región del Bajo Cauca, bloqueada desde el 2 de marzo por mineros que rechazan las operaciones contra la minería ilegal.
Las autoridades de Antioquia denunciaron el sábado que en una carretera fueron quemadas dos ambulancias, cuyos ocupantes lograron ponerse a salvo.
«Ante operatividad y presencia estatal en el Bajo Cauca, criminales quemaron esta noche (sábado) dos ambulancias. Como sociedad debemos rechazar enérgicamente, unidos, este gravísimo y cobarde atentado contra la Misión Médica que tanto le sirve a nuestra gente. ¡Basta ya!», escribió en su cuenta de Twitter el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.
Según el Ministerio de Salud, las manifestaciones afectan también «el transporte de pacientes en ambulancias en el municipio de Cáceres, donde resultaron lesionados seis pacientes remitidos posteriormente a Caucasia».
Por su condición clínica, cuatro de estos pacientes requieren remisión aérea en una aeronave presurizada.
Condiciones para negociar
En su comunicado de este domingo, el Gobierno insiste en que «solamente en condiciones de libertad y seguridad plena para los habitantes (…) está dispuesto a retornar a la mesa de diálogo» suspendida el pasado viernes debido a la falta de compromiso de los manifestantes.
Tras esto, la violencia aumentó en la región, por lo que el ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró en redes sociales que «no son actos de pequeños mineros en paro» sino de bandas criminales, como el Clan del Golfo, que supuestamente están detrás de las protestas.
Ese mismo día las autoridades comenzaron las operaciones para despejar las vías afectadas por los bloqueos.
Los manifestantes piden la formalización y reconocimiento de la minería ancestral, un plan para eliminar la burocracia que impide la formalización minera y respeto por el uso de la maquinaria y que no sea destruida por la Fuerza Pública.
El Gobierno ha dicho que el primer punto que se debe acordar en la mesa de diálogo con los mineros es «rechazar conjuntamente cualquier acto de violencia».
También condiciona la reanudación del diálogo a que se levanten «de manera inmediata» los bloqueos que han ocasionado desabastecimiento de alimentos, medicamentos y gas, además de la restricción para acceder a los hospitales de la zona.
«El Gobierno ratifica que este ha sido, desde el principio, un acuerdo con la mesa del paro minero», agregó la información.
Manos criminales
Por su parte, el gobernador de Antioquia denunció que el paro minero lo está «presionando» el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país.
Gaviria dijo que la protesta de mineros es una «retaliación» de grupos ilegales por la quema el pasado 1 de marzo de cinco dragas por parte del Ejército y la Policía.
Al respecto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo en un mensaje de Twitter que quienes atacaron las ambulancias «recibieron dineros del Clan del Golfo para hacer daño y hacer pasar esa violencia como un paro social» con lo cual «dañan a su propio pueblo y a su familia».
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