El Gobierno del presidente Rodrigo Paz reconoció este lunes a José Armando Urioste como fiscal general interino de Bolivia, cargo que ejercerá durante un periodo de 90 días tras la destitución y encarcelamiento de Roger Mariaca, acusado de liderar una organización criminal ligada al narcoterrorismo.
El acto de reconocimiento a la decisión adoptada por el Parlamento tuvo lugar en el antiguo Palacio de Gobierno, en La Paz. El mandatario aclaró que no se trató de una posesión formal, responsabilidad que le corresponde al vicepresidente del país y presidente del Legislativo, Edmand Lara. Durante el evento, Paz destacó que Urioste enfrenta los desafíos de «recuperar la institucionalidad» y la «credibilidad» de la ciudadanía en el Ministerio Público, garantizando investigaciones sin injerencias externas. Asimismo, enfatizó que la Fiscalía no debe ser un instrumento de persecución, sino operar con total independencia política, económica y criminal para iniciar la transformación del sistema judicial.
Promesas de orden e incertidumbre en la Vicepresidencia
Por su parte, Urioste sostuvo que su nombramiento marca «un punto de inflexión» frente a una institución «corrupta y manchada por la delincuencia». En declaraciones previas a la prensa, el fiscal transitorio garantizó que su llegada no derivará en una «cacería de brujas», por lo que los funcionarios que no hayan cometido ilícitos no deben temer por los procesos de revisión interna.
Sin embargo, el proceso de designación genera aún fricciones políticas. La designación ocurrió durante una sesión instalada la medianoche del viernes, en la que el Legislativo destituyó a Mariaca y eligió a Urioste la madrugada del sábado. Este lunes, la Vicepresidencia comunicó que evalúa la legalidad del procedimiento, dado que la votación se llevó a cabo en ausencia de Edmand Lara, quien se encontraba en España participando en un evento internacional.
Cargos criminales y caída de Roger Mariaca
La destitución de Mariaca fue viabilizada tras una reforma a la Ley de Organización del Ministerio Público, que introdujo un mecanismo de «suspensión definitiva» para el fiscal general en caso de imputación formal o aplicación de medidas cautelares por delitos graves. La detención de Mariaca se concretó el miércoles pasado, dos días después de que Estados Unidos revocara su visado junto al de otros altos cargos regionales por presuntos actos de corrupción y por atentar contra la democracia.
El fin de semana, audiencias judiciales dictaron 180 días de prisión preventiva para el exfiscal en una cárcel de Potosí. Mariaca enfrenta dos causas penales: una por supuesta organización criminal y tráfico ilícito de sustancias controladas, y otra por legitimación de ganancias ilícitas. Según la versión del Ejecutivo, Mariaca ya contaba con antecedentes de brindar protección a la red del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset desde antes de haber asumido la Jefatura del Ministerio Público en octubre de 2024.
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