Gobierno de Chile cierra la unidad que investigaba las adopciones ilegales de la dictadura

La decisión por parte del Gobierno de José Antonio Kast de cerrar la unidad especial encargada de investigar las adopciones ilegales durante la dictadura chilena ha provocado una «profunda indignación» en la principal organización de víctimas del país, que la describe como «un balde de agua fría que dificulta el camino a la verdad».

«No esperábamos esta decisión, teníamos la idea de que esto iba a seguir, teníamos noticias de que había disposición y hasta se nos habló la semana pasada que se iba a trabajar en la implementación. Nos indigna profundamente», dijo a EFE la fundadora y presidenta de la Fundación Hijos y Madres del Silencio (HMS), Marisol Rodríguez.

El rol de la unidad desmantelada

La Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue creada en febrero pasado, un mes antes del cambio de gobierno. Su objetivo era coordinar entre distintas instituciones los procesos de búsqueda y facilitar reencuentros entre los más de 20.000 niños que se estiman fueron sustraídos y sus familias biológicas.

«Nosotras vamos a insistir y seguiremos luchando porque tenemos detectados más de 10.000 casos como organización. Actualmente, hay más de 1.600 causas judiciales abiertas y el propio juez a cargo de la causa ha cifrado en 23.000 niños sacados de Chile desde 1983, sin siquiera contar los casos anteriores, que datan de la década de 1950», añadió Rodríguez.

Una red que operó en la dictadura

Aunque hay registro de estas prácticas a partir de los años 50, fue durante la dictadura cuando se registraron la gran mayoría de los casos. Esta práctica se consolidó gracias a la participación de médicos, matronas, jueces, notarios, autoridades migratorias y religiosos, afectando principalmente a madres jóvenes y de pocos recursos.

Las primeras denuncias salieron a la luz en 2014, pero no fue hasta 2018 cuando la Justicia chilena abrió una investigación sobre uno de los episodios más oscuros del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990). A mediados de 2025, un juez logró acreditar la existencia de esta red y procesó a las primeras cinco personas por sustracción ilegal de menores. De los miles de afectados, solo 1.000 se han reencontrado con sus familias, según el Poder Judicial.

Revelaciones internacionales y ajustes fiscales

La noticia del desmantelamiento de la unidad coincide con la publicación de un informe del Comité de Investigación sobre Adopciones Internacionales de Noruega que constata un total de 314 adopciones irregulares de menores chilenos entre 1985 y 2016, procedentes en su mayoría de la zona sur y con ascendencia indígena mapuche.

«Tenemos ya más de 300 adopciones identificadas en Noruega, que se suman a las más de 1.200 en Suecia, 1.700 en Francia y muchas más en Italia y Estados Unidos. Hemos sido una fábrica de niños para el exterior», lamentó la presidenta de HMS.

El actual mandatario ordenó nada más llegar al poder en marzo pasado millonarios recortes en la Administración Pública con el objetivo de reducir el déficit fiscal. La unidad ahora clausurada había sido creada durante el mandato del expresidente Gabriel Boric (2022-2026), quien también había prometido la creación de un banco público de ADN para permitir consultas extrajudiciales sobre la identidad genética sin necesidad de recurrir a los tribunales.

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