El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, habla durante una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en Paraguay, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino

El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, descartó este lunes que la disolución de Ueno Bank, intervenido por graves problemas de insolvencia, haya generado un efecto dominó en el resto del sistema financiero nacional. Durante el encuentro, el diplomático defendió además el proceso político que derivó en la destitución del mandatario Santiago Peña y la posterior juramentación de Pedro Alliana, hasta entonces vicepresidente, como nuevo jefe de Estado.

«De acuerdo con los informes del Banco Central del Paraguay, se trató de una situación particular de la entidad, no de una condición generalizada en el sistema financiero local», declaró Ramírez durante una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en Asunción.

Legalidad en la transición y proceso judicial

El ministro de Relaciones Exteriores detalló el paquete de medidas adoptadas por los reguladores desde que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la disolución de la firma financiera. La entidad bancaria se encuentra directamente vinculada a Santiago Peña, factor decisivo que motivó su destitución mediante juicio político y la apertura de una investigación penal en su contra.

«Todas estas actuaciones se llevaron adelante observando rigurosamente las normas constitucionales y el debido proceso, incluido el derecho a la defensa», enfatizó Ramírez. Agregó que, aunque las indagatorias judiciales y la liquidación financiera continúan activas, la respuesta institucional demuestra el imperio de la ley en la nación suramericana.

Millonarios fondos estatales congelados

La turbulencia política y económica se desató cuando el BCP intervino a Ueno Bank, una entidad con 2,94 millones de clientes que durante la administración de Peña recibió millonarios depósitos provenientes de organismos públicos.

La suspensión de operaciones dejó bloqueados los ahorros de miles de usuarios, afectando de manera crítica a unos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) —la principal caja de pensiones del país— junto con múltiples cuentas de inversión del Estado.

En el arranque de la gestión del presidente Pedro Alliana, el Ejecutivo emitió un comunicado oficial a través de la Cancillería en el que aseveró que el país salió «fortalecido de esta crisis puntual». Las autoridades reiteraron que continuarán los procedimientos de reparación financiera para resguardar a los depositantes afectados.

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