La Unión Europea prorrogó por un año las sanciones contra el gobierno venezolano, lo que provocó un comunicado de respuesta de la administración de Nicolás Maduro en el que rechaza categóticamente la decisión que calificó de «desafortunada».
De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la decisión» arbitraria e ilegal» fue anunciada este viernes 11 de noviembre de 2022.
En tal sentido, el documento señala que “con esta anacrónica decisión se pretende insistir en una estrategia completamente errónea, con la que la UE no ha logrado, en los últimos cinco años, cumplir su objetivo de derrocar al Gobierno Bolivariano ni apartar a nuestro pueblo del rumbo político consagrado en nuestra Constitución”.
A pesar que el presidente francés Emmanuel Macron encabeza una iniciativa para restablecer el diálogo entre el gobierno chavista y una parte de la oposición, cuya cabeza más visible es el dirigente Juan Guaidó, quien es aún reconocido como presidente interino por Estados Unidos y varias naciones europeas, la UE amplió la vigencia de las sanciones que afectan a personas e instituciones venezolanas.
La estrategia del bloque es mantener la presión hasta que el Ejecutivo venezolano de pasos concretos hacia lo que la UE considera como una «normalización democrática», con elecciones presidenciales con garantías suficientes para la participación de la oposición política, un sector dividido que no tiene una posición siquiera coordinada para adversar al gobierno de Nicolás Maduro.
La UE viola derechos fundamentales
El cvomunicado del gobierno agrega que las «Medidas Coercitivas Unilaterales aplicadas ilegalmente por la UE castigan y violan masivamente los derechos humanos del pueblo venezolano, ya que sus consecuencias indirectas terminan por limitar el acceso a alimentos, medicinas, insumos primarios, maquinarias, repuestos y equipos necesarios para garantizar derechos fundamentales y asegurar el normal desenvolvimiento de nuestra sociedad», indica una nota del canal oficial VTV.
Por tal razón, Venezuela repudia la política insana de recurrir a estas herramientas de chantaje político, contrariando los principios democráticos y de derechos humanos, instituyendo una peligrosa práctica contraria a los principios del Derecho Internacional y la coexistencia pacífica entre los Estados.
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