Bagdad.- Tres años después de la expulsión del grupo terrorista Estado Islámico (EI) de Irak, las autoridades quieren poner fin a la cuestión de los desplazados internos, cerrando los campamentos en los que aún viven decenas de miles de personas, que han empezado a regresar a casa sin todas las garantías.

Desde finales de noviembre la ministra de Migraciones iraquí, Ivan Faiek Jabru, ha anunciado el cierre de campamentos para desplazados y ha declarado que en las provincias de Diyala (este), Kirkuk y Saladino (norte) ya no quedan campos tras el regreso «voluntario» de los acogidos a sus localidades de origen.

El portavoz de ese Departamento, Ali Abás, dijo a Efe que 7.000 familias han regresado en el marco del actual plan del Gobierno para cerrar 17 campamentos que hospedan más de 60.000 personas, que aún permanecen en esos lugares desde el fin de la guerra contra el EI en diciembre de 2017.

En total, desde mediados de octubre once campos fueron desmantelados y otros dos convertidos en informales, lo cual ha afectado a más de 27.000 residentes, la mayoría mujeres y niños, según denuncia Human Rights Watch.

VOZ DE ALARMA

La organización internacional no es la única que ha lanzado la voz de alarma por el cierre de los campamentos, así como por el regreso de los desplazados a sus localidades, donde carecen de servicios básicos porque algunas zonas aún no han sido reconstruidas tras la guerra contra el EI o donde ya no tienen un hogar.

La coordinadora humanitaria de la ONU en Irak, Irena Vojackova-Sollorano, expresó su «grave preocupación por miles de civiles que han sido movidos de los campamentos para desplazados en las pasadas semanas y aún no han encontrado un nuevo hogar».

En un reciente comunicado, señaló que el 78 % de los afectados son mujeres y niños «que ya eran vulnerables» y que su situación es especialmente preocupante en medio de la pandemia del coronavirus y el invierno.

«Dos tercios de los afectados han llegado a sus zonas de origen, pero muchos no están en sus casas de antaño. El 30 % de los que han regresado no tienen un alojamiento seguro y digno, y son muy vulnerables», destacó en la nota la representante de Naciones Unidas.

Además, señaló que las tensiones sociales, la inseguridad, la presencia de artefactos explosivos y otros restos de los combates, la falta de documentación, servicios básicos y oportunidades para ganarse la vida siguen siendo impedimentos para que los desplazados regresen.

CARENCIAS TRES AÑOS DESPUÉS

El portavoz del Ministerio de Migraciones admitió en declaraciones a Efe que en las zonas que estuvieron en manos del EI aún hay carencias tres años después, pero que desde su Departamento se han dado órdenes para ofrecer asistencia a los que regresan.

Por ejemplo, hay programas del Ministerio y de otras entidades para la reconstrucción de viviendas en las zonas más afectadas por los combates entre los yihadistas y las fuerzas iraquíes, en concreto en las provincias de Nínive (norte) y Al Anbar (oeste).

Abás afirmó que «todas las familias que han regresado viven una vida normal como las demás y no están en peligro», aunque compartió las preocupaciones en torno a los obstáculos y retos a los que hacen frente a su regreso a las poblaciones que abandonaron por la violencia o por su asociación al EI.

Asimismo, el portavoz defendió que es mejor que vuelvan a integrarse en la sociedad con los demás ciudadanos, porque vivir en los campamentos «les expone a la radicalización de sujetos extremistas», ya que en algunos casos hay familiares de combatientes o simpatizantes del EI en los campos.

Nawar Alrikabi EFE