Dos niñas juegan en el barrio de Jabal Mukaber, en Jerusalén este ocupado. EFE/ Joan Mas Autonell

Jerusalén.- La imagen de familias palestinas que ven como excavadoras custodiadas por policías demuelen sus viviendas son comunes en Jerusalén Este, pero desde que el Gobierno derechista israelí asumió el poder es una realidad aún más patente para muchos palestinos que se vieron forzados a alzar sus hogares sin permiso.

Es el caso de Rateb Mater, palestino de 50 años que hace pocas semanas vio como Israel demolía la vivienda donde residía con diez miembros de su familia en Jabal Mukaber, uno de los barrios de la parte oriental ocupada de la urbe más afectados por el derribo de casas palestinas, una vieja política israelí que ahora intensifican el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu y sus socios ultraderechistas.

«Nuestra vida se fue abajo», dice Mater a Efe, que contempla las ruinas de su casa mientras niños de su familia juegan sobre restos de una estructura de dos pisos que quedó reducida a escombros.

Mientras, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, presionaba para aumentar las demoliciones como parte de una campaña de mano dura para «restablecer el orden en Jerusalén Este».

DEMOLICIONES REPETIDAS

Es la segunda vez que Israel demuele el hogar de Mater, cuya primera casa se destruyó en los noventa por el mismo motivo: no tener permiso de construcción, lo que la hace «ilegal» ante Israel, que derriba estas estructuras regularmente.

Israel ya ha demolido 67 instalaciones palestinas de la urbe este 2023, entre estas más de veinte que eran domicilios, dejando sin hogar a unas 107 personas, según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA).

«Hay una tendencia de aumento de demoliciones desde 2019», señala a EFE una portavoz de la ONG israelí Ir Amim, pero con la llegada al poder a fines de diciembre del nuevo Gobierno -el más derechista de la historia de Israel-, la práctica se agrava aún más y refleja la ideología de la coalición, que tiene en su agenda la profundización de la colonización judía en territorio palestino.

De seguir así, alertan analistas, esta dinámica podría poner en riesgo las casas de muchas otras personas, en medio de un fuerte repunte de violencia del conflicto palestino-israelí y mientras crece el malestar contra un Ejecutivo que también acelera el derribo de viviendas familiares de atacantes palestinos como medida punitiva.

PERMISOS A CUENTAGOTAS

La sombra de la demolición afecta a decenas de miles de palestinos de la parte oriental de Jerusalén, ocupada por Israel en 1967 y anexionada en 1980, que por años alzan sus casas sin permisos ante la dificultad de lograrlos.

Muchos intentan obtener licencias para regularizar sus casas desde hace años, pero se entregan a cuentagotas y el Ayuntamiento «impone tantos obstáculos que se hace casi imposible construir legalmente», dice a EFE Meir Margalit, exconcejal en el municipio por el partido izquierdista Meretz y que participó en un grupo contra demoliciones.

Mater lo probó sin éxito desde 2005 y lamenta que tras perder su vivienda no tiene otro hogar para su familia ni sus nietos, menores de edad. «No tenemos otro lugar a donde ir», comenta desde dentro de una barraca de ladrillos donde ahora duerme con algunos familiares, divididos entre esta estructura y la casa de un hermano.

Este sistema «es parte de una legalidad racista y discriminatoria» que «busca hacer la vida imposible a los palestinos para que dejen la ciudad», denuncia Margalit.

Israel «quiere prevenir su crecimiento demográfico» para mantener una mayoría de población judía israelí en la Ciudad Santa, según el exconcejal, que tacha este proceso de «urbanicidio» contra los 350.000 palestinos que son el 40% de habitantes de la ciudad.

La mayoría no tiene ciudadanía, sino un permiso de residencia permanente que Israel les puede retirar con relativa facilidad.

EXPANSIÓN DE COLONIZACIÓN

De acuerdo con Ir Amim, en torno a la mitad de casas palestinas de Jerusalén Este podrían estar levantadas sin permiso, mientras Israel construye y amplía asentamientos judíos con permisos regulados, lo que ha llevado a unos 200.000 colonos a vivir en el área ocupada de la urbe.

Pero la mayoría de palestinos no quiere irse de Jerusalén. «Les pueden demoler la casa o negar permisos, pero no dejan la ciudad aunque después tengan que vivir en una carpa», remarca Margalit.

Para Mater, que sigue limpiando con maquinaria las ruinas de lo que quedó de su hogar, no hay alternativa. «No nos iremos a ninguna parte», comenta, mientras se plantea levantar otra vivienda.

«No podremos construir una casa como la que fue demolida, cuesta mucho dinero y no nos queda nada, pero veremos si podemos construir algo pequeño para poder vivir», concluye.

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