Gobierno nacional aseguró que se mantiene «en pleno desarrollo» la negociación política en el país, un proceso que el Ejecutivo de Nicolás Maduro lleva adelante por doble vía, a través de un canal directo con Estados Unidos y en una mesa de diálogo con el principal bloque opositor.
Así lo ratificó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, al hablar en nombre del Gobierno, un día después de que Caracas y Washington concretaran un canje de presos que confirmó la vigencia de este diálogo bilateral que impulsa, casi siempre en secreto, los acuerdos entre el chavismo y la oposición de cara a las presidenciales de 2024.
El jefe parlamentario, que lidera la delegación oficialista en las negociaciones, insistió en que los canales de diálogo se mantienen abiertos, especialmente luego de que EEUU liberara al empresario colombiano Alex Saab, a quien Venezuela considera un diplomático, lo que ha reforzado la confianza del chavismo en la negociación.
Negociaciones paralelas
Rodríguez admitió que, desde mayo pasado, ha sostenido conversaciones «en paralelo» con funcionarios de la Administración de Joe Biden y con miembros de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), con la que acordó en octubre una serie de garantías para las elecciones del año próximo.
«Se iniciaron conversaciones directas, de igual a igual, entre el Gobierno de los EEUU y el de Venezuela, con una cantidad de puntos que han venido reflejándose en resultados concretos», explicó el diputado al lado de Saab —señalado por la Justicia estadounidense como testaferro de Maduro—, incorporado hoy como negociador oficialista.
Sin entrar en detalles, aseguró que, en estas conversaciones, «Venezuela puso sus puntos con toda claridad» y recibió las exigencias de la contraparte, lo que ha permitido una negociación por la que agradeció especialmente al Gobierno catarí, que hoy habló de una «mediación más amplia» entre las partes, aun en desarrollo.
Sobre el diálogo con la PUD, Rodríguez dijo que conversan «casi todos los días» con los miembros de esta delegación que busca, antes que nada, el levantamiento de la inhabilitación a su candidata presidencial, María Corina Machado, para que pueda competir en los comicios del segundo semestre de 2024.
«Estamos en el proceso de desarrollar lo que está establecido en el Acuerdo de Barbados (…), un marco general político electoral que nos conduzca a un evento electoral», sostuvo.
Añadió que el Gobierno, al igual que la oposición, trabaja por «unas elecciones libres», lo que significa —señaló— el levantamiento de sanciones a Venezuela y la libertad de tránsito para todos los candidatos, tras recordar que EEUU ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por Maduro, por «narcoterrorismo».
Expectativas políticas
Del lado opositor, María Corina Machado celebró, mediante un comunicado, la liberación de una treintena de personas en Venezuela, a quienes reconoció como presos políticos, sin dejar de recordar que «queda mucho por recorrer» en esta materia, toda vez que las organizaciones de derechos humanos estiman que más de 250 civiles y militares siguen recluidos como «presos de conciencia» en el país.
Sobre la puesta en libertad de Saab, a quien Maduro recibió ayer como un «héroe», consideró que el Gobierno ha convertido a «un delincuente que ha explotado el hambre» del pueblo «en su ficha predilecta de cambio en la negociación».
Machado también se refirió a la operación «complementaria» establecida entre Caracas y Washington, que permitió la excarcelación de 10 estadounidenses que estaban presos en Venezuela y que ya están de vuelta en el país norteamericano.
«Si bien nosotros no somos parte de ella, nos hemos involucrado para contribuir a que se logre el objetivo de unas elecciones libres», dijo la exdiputada, quien cree que la meta central es que los «intereses de los venezolanos estén íntegramente representados, por encima de cualquier otra consideración», en estos espacios.
La líder antichavista hizo estos comentarios un día después de que el Tribunal Supremo notificara la recepción de su caso, por el que la Corte pidió a la Contraloría explicar, en un lapso que vence este viernes, la inhabilitación impuesta, dentro del mecanismo de revisión de estas sanciones, también acordado en las negociaciones.
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