En una acción orientada a fortalecer la estabilidad democrática y el tejido social del país, el Ejecutivo venezolano informó este lunes que, el pasado jueves 16 de abril, se otorgaron medidas alternativas a la privación de libertad a 51 personas que cumplían condenas o procesos judiciales por delitos vinculados a atentados contra la institucionalidad y la paz nacional.
La resolución, gestionada a través del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, fue ejecutada tras una solicitud formal del Ministerio Público ante los tribunales competentes, quienes validaron y concretaron la medida el mismo día.
Un compromiso con el reencuentro
Fuentes del Ministerio de Comunicación e Información destacaron que esta decisión responde a la necesidad de crear condiciones propicias para el diálogo y el entendimiento entre los venezolanos. Si bien no se han divulgado los nombres de los beneficiados ni la naturaleza técnica de las medidas —tales como arresto domiciliario o presentaciones periódicas—, el Gobierno reafirmó su voluntad política de continuar impulsando estas acciones.
Esta serie de liberaciones se enmarca dentro de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada a inicios de este año, la cual ha servido como piedra angular para diversos beneficios judiciales a lo largo de 2026. Con este paso, el Estado busca consolidar una hoja de ruta que privilegie la reconciliación nacional por encima de la confrontación, insistiendo en que el fortalecimiento del Estado de derecho es fundamental para el desarrollo y la prosperidad del país.
El Gobierno mantiene su postura de fomentar un clima de paz que permita avanzar en la resolución de las diferencias políticas mediante los mecanismos institucionales vigentes.
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