
El Gobierno de Venezuela entregó este miércoles a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, el cual tendrá como eje prioritario la recuperación de los salarios y la restitución del poder adquisitivo de la población.
A través de un comunicado oficial, el Parlamento informó que la documentación fue consignada por el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, durante una reunión de trabajo con el primer vicepresidente del cuerpo legislativo, Pedro Infante.
Ejes estratégicos de la propuesta presupuestaria
Durante la entrega, Menéndez precisó que el diseño del presupuesto se estructura en tres pilares fundamentales. El primero responde a la urgencia de rescatar el ingreso de las familias, fuertemente erosionado tras años de severa inflación y la depreciación de los sueldos básicos.
Los dos ejes restantes están orientados a la rehabilitación de la infraestructura pública, la optimización de los servicios básicos y el impulso de un modelo de economía productiva. Hasta el momento, las autoridades parlamentarias no han hecho público el monto total al que asciende la partida presupuestaria presentada por el Ejecutivo encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Por su parte, el diputado Pedro Infante detalló que el documento pasará de inmediato a revisión técnica en las comisiones permanentes de Economía, Finanzas y Desarrollo Social, así como en la de Contraloría, antes de someterse a la primera discusión en la plenaria del Parlamento.
Marco político y reordenamiento energético
La consignación de la propuesta económica del Estado se produce en un contexto marcado por la firma de recientes acuerdos en materia energética entre Caracas y Washington, tras la detención de Nicolás Maduro el pasado mes de enero.
Entre estos compromisos destaca el pacto petrolero anunciado en agosto, el cual otorga a Estados Unidos acceso a una quinta parte de las reservas de crudo del país. La medida ha generado un amplio debate en la opinión pública entre quienes defienden la reactivación económica y sectores que cuestionan los alcances del acuerdo dentro del proceso de transición democrática.
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