El diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión encargada del seguimiento de la Ley de Amnistía, informó este miércoles que un total de 8.616 personas han sido beneficiadas por la norma desde su aprobación en febrero. Según el desglose ofrecido, 8.302 ciudadanos contaban con libertad restringida mediante medidas cautelares, mientras que los 314 restantes se encontraban bajo régimen de encarcelamiento.
Arreaza detalló que, hasta la fecha, se han recibido 12.187 solicitudes válidas que cumplen con los delitos y periodos establecidos en la legislación. El parlamentario subrayó que el proceso continúa abierto para venezolanos que residen tanto dentro como fuera del territorio nacional, buscando atender los casos vinculados a 13 eventos específicos ocurridos en los últimos 27 años.
Limitaciones y exclusiones legales
Pese a cubrir el periodo iniciado en 1999, la normativa es selectiva: solo aplica a hechos ocurridos en 13 años puntuales. Quedan explícitamente excluidos aquellos casos relacionados con operaciones militares, así como delitos de corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos. Esta estructura ha sido señalada por críticos que consideran que la ley deja fuera a una parte significativa de los procesados por motivos políticos.
Opacidad y cuestionamientos gremiales
A pesar de la insistencia del alto comisionado de la ONU, Volker Türk, y de diversas ONG, las autoridades venezolanas aún no han publicado un listado oficial con las identidades de los amnistiados. Por su parte, la organización Foro Penal reportó que, según sus registros, menos del 25 % de las excarcelaciones de este año se deben realmente a la amnistía, documentando apenas 186 casos de un universo de 786 liberaciones registradas desde enero.
Denuncias ante organismos internacionales
La implementación de la ley no ha estado exenta de quejas. Un grupo de expresos políticos acudió este martes a la sede de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Caracas para denunciar retrasos injustificados y la negación sistemática de solicitudes que, según los criterios de la ley, deberían ser procedentes.
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