El candidato presidencial de la oposición mayoritaria de Venezuela, Edmundo González Urrutia, se reunió este viernes con representantes del Centro Carter que participarán como observadores en las elecciones del 28 de julio, un encuentro del no se conocieron detalles.
A través de X, el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) mostró fotografías de su reunión con seis delegados del Centro Carter, que llegaron a Venezuela para presenciar la recta final de la campaña y la propia celebración de los comicios, en los que competirán 10 hombres, entre ellos el actual presidente, Nicolás Maduro.
«Agradecemos su presencia y compañía en este crucial proceso electoral. La observación internacional será fundamental para la integridad del proceso del 28 de julio. El mundo nos observa y acompaña», indicó el antichavista.
Ni el candidato ni el Centro Carter han publicado detalles de lo conversado en esta reunión, que se celebra un día después de la detención de un empresario en el estado Táchira (oeste), propietario del inmueble en el que se hospedó -a finales de junio- la líder opositora María Corina Machado, quien encabezó entonces actos masivos en esa región.
Según el fiscal general, Tarek William Saab, la detención se produjo por «hurto de material del Sistema Eléctrico Nacional». Además, reportes de Inteligencia dicen que el hombre -un empresario- recibía financiamiento «desde el exterior para sostener la campaña de la extrema derecha neonazi y movimientos de desestabilización del país».
La PUD -que respalda a González Urrutia- ha denunciado, al menos, 18 casos de «hostigamiento» y «persecución» por parte de las autoridades durante la carrera electoral, entre los que destacan hoteles y restaurantes sancionados luego de haber atendido a Machado o al candidato presidencial.
Asimismo, varios trabajadores independientes que prestaron algún servicio a los opositores, como barqueros, motoristas, técnicos de sonido y conductores sufrieron detenciones temporales, prohibición de zarpe o bloqueo de instrumentos de trabajo, bajo el argumento gubernamental de falta de documentación o registros.
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