Tras cuatros años luchando por la preservación y defensa ambiental, Greenpeace Rumania y ClientEarth celebraron su victoria legal, donde ambos organismos se mantuvieron en contra de la contaminación ilegal de carbón en Rumania, lucha que inició ante el quebrantamiento de la ley por parte de la Directiva sobre Emisiones Industriales (DEI) de la Unión Europea.
La iniciativa se centró en las normas rumanas sobre la contaminación, donde las multas por infracción de las empresas se consideraban ineficientes, ya que las plantas de carbón trabajaban sin respetar las leyes ambientales, ni contar con los permisos.
Un poco menos de la mitad de las plantas de carbón violaban las leyes establecidas por la DEI, cuyas consecuencias o sanciones por parte de las autoridades no representaban una amenaza para las empresas.
En 2019, los organismos levantaron una denuncia formal a la Comisión Europea, y en 2020, se comenzó el proceso de infracción contra el gobierno rumano.
La comisión actuó en defensa del medio ambiente, ordenando al gobierno que adaptara sus normativas a la DEI para asegurar la salud de su población.
Ante la presión, Rumania reformó sus leyes, presentando una nueva normativa centrada en las Emisiones Industriales, la cual propone infracciones diez veces más severas. También anexo sanciones penales para aquellas plantas que trabajen sin contar con los permisos, suspendiendo así sus acciones.
Tras la publicación de las nuevas normas, diversas plantas de carbón tuvieron que cerrar, entre ellas Mintia y Turceni.
Está nueva legislación también incluye las actividades industriales que sean perjudiciales en diversos sectores, desde la administración de residuos, la producción de químicos, las granjas industriales, usos energéticos y minerales.
Tanto Greenpeace como ClientEarth están de acuerdo con las reformas de DEI, ya que en un principio solo se le daba relevancia a la economía y no a las personas.
“La contaminación del aire sigue teniendo un impacto negativo en Rumania. Las industrias que violan la legislación deben ser severamente penalizadas y sus actividades suspendidas hasta que la cumplan” declaró Alin Tănase, activista de Greenpeace Rumania, experta en clima y energía.
“Estos caminos ahora son posibles gracias a nuestros esfuerzos por exponer la situación en Rumania. Porque contribuyeron a cambiar la legislación que establece y aplica sanciones a los contaminadores industriales”.
La presidente de Bankwatch Rumania, Ioana Ciuta, afirmó que la introducción en la ley nacional de las emisiones industriales es un paso importante para evitar que más empresas continúen contaminando y no afronten responsablemente sus acciones.
“El gobierno se ha comprometido a retirar todas las centrales eléctricas de carbón de Rumania para 2030. Hasta entonces, deben trabajar con el gobierno y las autoridades ambientales para garantizar que todas las unidades de carbón restantes funcionen de conformidad con la legislación sobre emisiones y las mejores tecnologías disponibles-Y si no, que sean sancionados”, expresó Ciuta.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
