Caracas. El grupo opositor de Venezuela que lidera Juan Guaidó pidió este sábado un pronunciamiento a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las «persecuciones y hostigamiento» en contra de la oposición en las últimas semanas.
«Esta petición surge en el marco de los hechos irregulares desencadenados en las últimas semanas, las cuales pusieron en riesgo la vida e integridad personal de Juan Guaidó, parte de su equipo de trabajo, y a Freddy Guevara diputado de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento)», dijo el representante de Guaidó para los derechos humanos y atención a las víctimas, Humberto Prado, en Twitter.
Prado transmitió a la Acnudh y la CIDH «el patrón sistemático de persecución política instaurado por el régimen venezolano, el cual ha instalado y mantenido por años prácticas continuas y reiteradas contra las personas que se opongan a sus ideales políticos».
Agregó que en estas acciones se han documentado «múltiples» violaciones a los derechos civiles y políticos, derechos humanos y, «sobre todo, irrespeto a la vida e integridad personal».
«Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, apertura de procedimientos judiciales sin fundamento legal, existencia de presuntas órdenes judiciales posteriores a la detención, torturas, son solo algunas aristas del patrón sistemático de persecución política», denunció el opositor.
Prado expresó su preocupación ante el «incesante hostigamiento y persecuciones políticas instaurado en Venezuela, mediante acciones contrarias a los derechos humanos y a la dignidad humana».
El 12 de julio, el exdiputado opositor Freddy Guevara fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y tres días después el juez venezolano Mascimino Márquez ratificó la medida de prisión, de acuerdo a información de su partido Voluntad Popular (VP).
«Luego de una audiencia que duró toda la madrugada, el juez Mascimino Márquez ratifica medida privativa de libertad contra el diputado Freddy Guevara», escribió VP en su cuenta de Twitter.
La Fiscalía venezolana había informado previamente que al exlegislador se le imputarían los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, atentado contra el orden constitucional y traición a la patria.
El mismo día de la detención de Guevara, la esposa de Juan Guaidó, Fabiana Rosales, denunció la presencia de funcionarios del grupo élite de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB) en su residencia para apresarlo.
«El amedrentamiento nunca nos ha detenido», dijo Guaidó a periodistas que se encontraban a la puerta de su domicilio, donde se concentró también un pequeño grupo de simpatizantes para protestar por el posible arresto.
El opositor, que indicó que no lo detuvieron gracias a la presencia de los vecinos y la prensa, explicó que los funcionarios policiales que intentaron apresarlo no tenían ningún tipo de identificación, por lo que calificó el intento de detención como un «secuestro».
«Entraron en nuestra residencia sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de identificación, apuntando con armas largas, accionaron un explosivo dentro del sótano de nuestro edificio», aseguró al también denunciar que a su chófer lo bajaron a golpes del vehículo y lo «amarraron», aunque finalmente se pudo liberar.
El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, señaló el 14 de julio que varios miembros del partido Voluntad Popular, entre ellos, Guevara, Emilio Graterón, Gilber Caro o su líder, Leopoldo López, conversaron a través de WhatsApp para preparar los tiroteos entre bandas criminales y policías que paralizaron parte del occidente de Caracas entre el 7 y el 9 de julio.
EFE noticias
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