Defensores de los inmigrantes condenaron este viernes la decisión del Supremo de EE.UU. de permitir al Gobierno Trump poner fin a la protección legal temporal para más de medio millón de inmigrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, calificando el fallo como «la mayor deslegalización» migratoria en la historia moderna del país.
La máxima corte estadounidense dejó sin efecto una orden temporal de una juez federal que consideró que la Casa Blanca no podía anular el llamado ‘Parole humanitario’ concedido por la Administración de Joe Biden, que permitía a estas 532.000 personas vivir y trabajar de manera provisional en EEUU.
Sin embargo, la decisión del Supremo de hoy es temporal y el litigio legal deberá continuar en un tribunal federal de Massachusetts.
En febrero pasado las organizaciones Justice Action Center y Human Rights First presentaron una demanda en nombre de los beneficiarios del programa conocido como CHNV y sus patrocinadores, junto con la organización Haitian Bridge Alliance, para detener la decisión de Trump de poner fin al beneficio.
Decisión de Supremo
La decisión representa «la mayor deslegalización de este tipo en la era moderna», declaró este viernes en un comunicado Karen Tumlin, directora de Justice Action Center.
«La Corte Suprema ha permitido que la Administración Trump desate un caos generalizado, no solo para nuestros clientes y los miembros de la demanda colectiva, sino también para sus familias, sus lugares de trabajo y sus comunidades», agregó la activista.
En contraste, el Departamento de Seguridad Interna de EE.UU. aplaudió la decisión de la máxima corte y dijo que reanudará «las expulsiones» de los inmigrantes amparados con este programa humanitario.
«Finalizar los programas de libertad condicional CHNV, así como las libertades condicionales de quienes se aprovecharon de ellos, será un retorno necesario a políticas sensatas, a la seguridad pública y a la idea de Estados Unidos Primero”, dijo en un comunicado la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin.
Por su parte, Guerline Jozef, directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, destacó que la población afectada, la mayoría residente del sur de Florida, ha hecho todo lo que el Gobierno federal de EE.UU. les ha pedido, ya que ingresaron de forma legal al país con un permiso de estancia legal de dos años.
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