Guyana pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitir de forma «urgente» medidas cautelares para exigir a Caracas «no celebrar elecciones en ninguna parte del territorio guyanés” y “abstenerse de cualquier acción que pretende anexar» el territorio en disputa, incluida la incorporación de «Guyana Esequiba» como parte de Venezuela.
La CIJ explicó que Guyana argumentó su solicitud en el anuncio de Venezuela de celebrar el 25 de mayo elecciones en la región de Esequibo, territorio en disputa entre ambos, lo que, señaló el Gobierno guyanés, violaría «su soberanía, integridad territorial e independencia política».
Medidas cautelares
Guyana sostiene que la adopción de medidas cautelares es «urgente» porque estas acciones de Venezuela le causarían «daños irreparables», además de incumplir la orden de este tribunal de la ONU de diciembre de 2023, que exigió a Caracas abstenerse de tomar «acciones unilaterales» que alteraran la situación actual, donde Guyana administra la región.
En este sentido, pidió exigir a Venezuela que «no celebre elecciones en ninguna parte del territorio guyanés definido por el Laudo Arbitral de 1899», incluyendo: extender el derecho a voto a personas residentes en el territorio en disputa; distribuir boletas electorales, tarjetas de votación u otros materiales electorales físicos o electrónicos en la zona; o presentar, nombrar o apoyar candidatos venezolanos en elecciones en el territorio.
También le solicitó impedir a Caracas establecer mesas de votación, centros de conteo o sedes electorales en dicho territorio; crear, elegir o designar gobernadores, consejos legislativos u otros funcionarios gubernamentales para el área en disputa; o comunicarse con los residentes del territorio en relación con elecciones organizadas por Venezuela.
La segunda medida cautelar solicitada por Guyana exige a Caracas “abstenerse de cualquier acción que pretenda anexar, de jure o de facto, el territorio en disputa, incluyendo la incorporación de ‘Guayana Esequiba’ como parte de Venezuela”.
Finalmente, quiere que la CIJ ordene a Venezuela que «se abstenga de modificar la situación actual en la zona en disputa, donde Guyana administra y ejerce control».
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