Un nuevo episodio de violencia ha enlutado a la comunidad del municipio Páez, en el estado Apure. El ciudadano venezolano Luis Alberto Rivas González fue hallado sin vida con múltiples impactos de bala en las cercanías de la localidad de Arauquita, en territorio colombiano, poniendo fin a una angustiosa desaparición que se prolongó por más de dos meses.
Rivas González, descrito por sus allegados como un hombre trabajador y dedicado a su familia, habría sido víctima de un secuestro perpetrado por presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo irregular que mantiene un férreo control social y militar en la zona limítrofe entre ambos países.
El drama del secuestro
Según testimonios recabados entre habitantes de la zona y familiares de la víctima, el calvario de la familia Rivas comenzó hace aproximadamente 60 días, cuando Luis Alberto fue interceptado por el grupo armado. En el mismo hecho, su esposa también fue privada de su libertad; sin embargo, ella fue liberada hace 15 días, mientras que Rivas permaneció en cautiverio hasta el fatal desenlace de esta semana.
El cuerpo del apureño presentaba heridas de arma de fuego, lo que sugiere una ejecución sumaria. El hallazgo ha causado una profunda consternación entre dirigentes sociales y comunidades campesinas, quienes ven en este crimen un reflejo de la vulnerabilidad a la que está expuesta la población civil.
Frontera bajo control irregular
Este homicidio reaviva las denuncias de las comunidades que habitan en los estados Apure, Bolívar, Táchira y Zulia. Residentes de estas regiones aseguran que los grupos armados ilegales continúan imponiendo un régimen de terror basado en el despojo de bienes, desplazamientos forzados, amenazas y secuestros.
Diversas organizaciones de derechos humanos y voces de la sociedad civil han alzado la voz para exigir a los gobiernos de Venezuela y Colombia acciones contundentes y coordinadas. La exigencia es clara: desarticular la presencia de estas organizaciones en los ejes fronterizos para garantizar el derecho a la vida y la seguridad de quienes habitan en la zona.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, mientras la familia de Luis Alberto Rivas espera por la repatriación de sus restos y el inicio de una investigación que permita dar con los responsables.
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