La organización Human Rights Watch (HRW) señaló este miércoles que la aplicación de la ley de amnistía en Venezuela presenta «graves deficiencias» que impiden el restablecimiento pleno de la justicia. En su informe titulado ‘Venezuela: injusta implementación de la ley de amnistía’, la directora para las Américas de la ONG, Juanita Goebertus, afirmó que la legislación actual está lejos de garantizar la liberación de quienes fueron detenidos arbitrariamente por motivos políticos, calificando el proceso como injusto y opaco.
Obstáculos legales y criterios restrictivos de elegibilidad
Según la investigación de HRW, aunque la ley pretende abarcar actos cometidos desde 1999, en la práctica limita su alcance a eventos específicos ocurridos en años determinados. Esta ambigüedad permite a los magistrados denegar beneficios basándose en disposiciones vagas, afectando incluso a personas procesadas por actos protegidos por el derecho internacional. Además, la ONG denunció que muchos solicitantes ni siquiera han sido informados formalmente de los cargos o pruebas en su contra, dificultando cualquier defensa técnica.
Denuncias de corrupción y opacidad en los tribunales
El proceso de amnistía se ha visto empañado por reportes de irregularidades administrativas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reconoció el pasado sábado la existencia de jueces que habrían realizado cobros ilegales para procesar las libertades. Esta declaración coincide con denuncias previas de familiares de presos políticos, quienes en marzo reportaron exigencias de pagos en dólares en las sedes tribunalicias para poder recibir las notificaciones de libertad plena.
El balance oficial frente a la visión de las ONG
Pese a que el Ejecutivo asegura que más de 9,000 personas han sido beneficiadas por la normativa, organizaciones como Foro Penal sostienen que la ley se ha convertido en un «embudo» diseñado para ralentizar o paralizar las excarcelaciones. La exclusión de casos relacionados con operaciones militares, así como la restricción del acceso a abogados particulares y expedientes judiciales, refuerza la postura de HRW sobre la necesidad de buscar vías legales adicionales para cerrar definitivamente los procesos penales arbitrarios en el país.
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