La Policía Boliviana incautó un total de 303.270 dólares en efectivo que permanecían ocultos en el interior de una ambulancia privada. El vehículo fue interceptado cuando abandonaba el condominio residencial del fiscal general, Roger Mariaca, quien fue detenido acusado de liderar una estructura vinculada al tráfico internacional de drogas.
El comandante general de la institución policial, Adrián Álvarez, precisó este jueves que la inspección se ejecutó en la ciudad de Santa Cruz. La unidad médica intentó evadir el cerco alegando el traslado de un paciente herido; sin embargo, en la requisitoria los efectivos hallaron maletines con moneda local y divisas estadounidenses «hábilmente camuflados» en compartimentos secretos. El decomiso, integrado por 3.532.100 bolivianos y 10.000 dólares, quedó bajo resguardo de la representación fiscal.
Entramado de detenciones y destrucción de evidencias
Las aprehensiones de Mariaca y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, se concretaron tras la información suministrada por un mayor de la policía arrestado previamente en La Paz.
Álvarez detalló que el operativo desplegado en la capital cruceña derivó además en la captura de dos especialistas en informática, contratados presuntamente para borrar las grabaciones del sistema de videovigilancia en la vivienda de Zeballos. De igual forma, ocho funcionarios de la Fiscalía de Santa Cruz fueron aprehendidos cuando intentaban sustraer documentación comprometedora de la residencia de Mariaca. Las actuaciones se enmarcan en el expediente instruido tras la captura y posterior extradición a Estados Unidos del presunto capo uruguayo Sebastián Marset.
Traslado de máxima seguridad y pesquisas telefónicas
Ante el riesgo de incursiones por parte de «grupos delincuenciales» que pretendían entorpecer el procedimiento, la directiva policial dispuso el traslado inmediato de Mariaca y Zeballos desde Santa Cruz hacia las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) en la ciudad de El Alto.
Por su parte, el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, aseveró que el peritaje técnico sobre los equipos celulares incautados a los implicados arrojó registros de llamadas directas con integrantes de organizaciones criminales. Las acciones de la justicia boliviana se registraron 48 horas después de que el Departamento de Estado de EE. UU. revocara los visados de ambos funcionarios tras señalarlos en un listado oficial de actos de corrupción y desestabilización institucional.
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