Una semana después del despliegue militar coordinado entre Estados Unidos y Venezuela que culminó con la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias el «Niño Guerrero», uno de los líderes criminales más buscados de Suramérica, la incertidumbre predomina en las zonas mineras del sureste del país caribeño. Poblaciones del estado Bolívar como Las Claritas, el Kilómetro 88 y sectores circundantes —pertenecientes a la estratégica región del Arco Minero del Orinoco— se cuestionan sobre el alcance real de la operación y el paradero de otros cabecillas delictivos.
«El pueblo está tranquilo. Se han rechazado los saqueos y es la única protesta que se ha hecho. Los primeros días nadie quería abrir los negocios. Después íbamos viendo cómo se desarrollaba la situación, pero no se dice nada más», relató a EFE una residente de Las Claritas bajo el seudónimo de Laura, por razones de seguridad.
En estas áreas próximas a la frontera con Brasil y al territorio en reclamación con Guyana, la dinámica cotidiana ha estado históricamente marcada por el control de organizaciones irregulares armadas que impusieron su propia legislación y control territorial. La incursión de las fuerzas de seguridad el pasado martes 9 de junio tomó por sorpresa a los habitantes, quienes asocian el despliegue a la búsqueda de Yohan José Romero, alias «Johan Petrica» —lugarteniente del Tren de Aragua—, y de Juan Gabriel Rivas Núñez, conocido como «Negro Juancho», de quienes aún se desconoce su ubicación.
Confirmación binacional y opacidad gubernamental
Tras tres días de hermetismo institucional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el viernes 12 de junio la muerte del «Niño Guerrero» mediante una operación «rápida y letal» ejecutada por el Comando Sur en territorio venezolano. Washington ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por el líder de la organización transnacional Tren de Aragua.
Horas más tarde, el Gobierno venezolano ratificó el deceso y el desarrollo del operativo en el sureste del país, revirtiendo su postura previa en la que negaba la presencia de Guerrero en la nación. El Ejecutivo afirmó este lunes la desarticulación de varios «centros operativos» criminales, aunque evitó detallar la identidad o el número de bajas adicionales derivadas del enfrentamiento.
Alerta por desplazamiento masivo y colapso de servicios
Ante la complejidad de la situación, el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva, sostuvo reuniones con trabajadores del sector en Las Claritas para evaluar la seguridad y el flujo migratorio interno. El alcalde de la vecina localidad de El Callao, Coromoto Lugo, alertó que dicho municipio ya se encuentra en una situación de colapso demográfico. Detalló que debido a la explotación aurífera, la población de El Callao se incrementó de 30.000 a 100.000 habitantes en la última década, por lo que la recepción de nuevos desplazados agravará la crisis de los servicios públicos.
Las Claritas también registra un crecimiento exponencial, pasando de casi 6.000 habitantes en el censo de 2011 a unos 90.000 residentes según estimaciones de Médicos Sin Fronteras en 2020. No obstante, testigos presenciales aseguran que tras la intervención armada, una cantidad significativa de mineros ha optado por abandonar la zona por temor al futuro administrativo de los yacimientos.
Polarización social ante el control de los yacimientos
Las opiniones entre los habitantes del estado Bolívar se encuentran divididas. Mientras un sector de comerciantes y civiles respalda la intervención internacional con la expectativa de que cesen las extorsiones y cobros de vacunas por parte de los denominados «sindicatos» mineros, otros sectores lamentan la pérdida del control de las bandas debido a los beneficios y dádivas que estas distribuían entre la población vulnerable.
De acuerdo con informes de la organización independiente International Crisis Group y diversas organizaciones no gubernamentales, el sur de Venezuela arrastra dos décadas de extracción ilícita de oro. En la región confluyen y operan dinámicas delictivas complejas que abarcan desde megabandas criminales nativas hasta células de guerrillas de origen colombiano como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC.
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