Madrid.- En América Latina las cortes de justicia y los tribunales constitucionales se han convertido en los vigilantes del poder político, por lo que «el control de esas instancias se ha vuelto un tema políticamente relevante», según el relator de Naciones Unidas para la independencia judicial, Diego García-Sayán.

«Tribunales constitucionales sólidos, independientes, de peso, en un contexto de resquebrajamiento de la institucionalidad partidaria, de debilitamiento de la legitimidad de los poderes legislativos, están demostrando ser espacios de tremenda importancia (…) como control de excesos y de abusos de poder», afirma García-Sayán en una entrevista con Efe en Madrid.

El relator de Naciones Unidas, en el cargo desde 2016, participó este lunes y martes en la capital española en un foro organizado por la Asociación Mundial de Juristas (World Jurist Association), como antesala del Congreso Mundial de Derecho que tendrá lugar en diciembre en la ciudad colombiana de Barranquilla.

LA LEY FRENTE AL DEBILITAMIENTO DE LOS PARTIDOS

García-Sayán que también fue miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su presidente de 2009 a 2013, alerta de que el poder político se está ejercido en muchos casos por grupos «semidelincuenciales, que han cooptado el poder político y que no quieren ser controlados por el sistema judicial».

Una situación que atribuye en gran medida al debilitamiento de los partidos políticos, un fenómeno global, que en América Latina tiene una dimensión especial.

«Es muy difícil encontrar un país en la región donde haya uno o dos partidos políticos más o menos sólidos y relevantes, de manera que los Congresos acaban siendo suma de estamentos individuales, un montón de grupos donde la negociación, los acuerdos y la interacción entre el ejecutivo y el legislativo se hace mucho más compleja y borrosa», denuncia.

Por ello, el control político pasa a veces a mano de los tribunales constitucionales, que rechazan decisiones adoptadas tanto por los parlamentos como por los gobiernos y sus resoluciones tienen una gran trascendencia política.

Ante esta situación, el relator de Naciones Unidas insiste en la importancia de la independencia judicial, que hay que salvaguardarla, no ya de los viejos métodos de injerencia política y gubernamental, sino también de otros poderes «vinculados por lo general a estructuras ilegales, a estructuras criminales».

En este sentido, cita como ejemplos casos de su propio país, Perú, donde en los últimos cuatro o cinco años hubo varios escándalos que afectaron a magistrados, incluso de la Corte Suprema y a miembros de la Fiscalía suprema, pero vinculados «no a injerencias del poder político, sino a sus conexiones con redes criminales», que se descubrieron en conversaciones con reclusos de alta seguridad.

Y como otra muestra, cita la actuación del tribunal electoral de su país, «cuya independencia no está en cuestión», pese a las presiones y el “acoso” que recibe para que no reconozca la victoria del izquierdista Pedro Castillo en el balotaje de las elecciones presidenciales del paso 6 de junio, frente a la derechista Keiko Fujmori.

Al ser preguntado por la situación de Venezuela, donde son frecuentes las denuncias por parte de la oposición del control político de los jueces, reconoce que el hecho de que haya ahora una mayoría de fiscales y jueces provisionales, «hace que sea mucho más fácil el control político», ya que corren el riesgo de perder su puesto por una resolución contraria a los gobernantes.

UNA SOCIEDAD VIGILANTE

Y respecto a la independencia judicial, este político peruano, que fue ministro de Justicia (2000) y de Asuntos Exteriores (2001) en su país, destaca también la importancia del control y la vigilancia por parte de la sociedad, para la que es un derecho que cualquier resolución judicial sea «en base a la ley, bien o mal, con posibilidad de una apelación, pero no por una injerencia o una decisión de índole político».

«Es bueno para la ciudadanía, es bueno para los actores económicos, para la inversión nacional y extranjera, saber que finalmente es la ley lo que rige las relaciones entre las personas”, concluye.

Diego García-Sayán tiene una amplia experiencia en organizaciones multilaterales, tanto en Naciones Unidas, donde entre otras responsabilidades fue representante del secretario general para los Acuerdos de Paz de el Salvador y de su verificación posterior, así como presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, como en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Antonia Méndez Ardila EFE