Un grupo de indígenas del pueblo misak protestó este lunes frente a la Agencia de Desarrollo Tierras (ANT) de Colombia para exigir el respeto a su territorio, ya que, según denuncian, la entidad adjudica parte de sus tierras ancestrales a otras comunidades del suroeste del país.
El gobernador del resguardo indígena La María, Luis Enrique Yalanda, señaló que los documentos pactados tras movilizaciones previas carecen de seguimiento real por parte de las entidades estatales. Los manifestantes, provenientes de Piendamó, Cauca, sostienen que las resoluciones de la ANT afectan zonas estratégicas de páramo y han sido adoptadas ignorando el proceso de consulta previa obligatorio.
Exigencia de voluntad política al cierre del mandato
Ante lo que consideran un incumplimiento sistemático de los acuerdos, los indígenas buscan una reunión de alto nivel con el presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el director de la ANT, Felipe Harman. El objetivo es determinar si existe voluntad política para resolver el conflicto antes de que el actual Gobierno culmine su mandato el próximo 7 de agosto.
Tensiones territoriales y familias afectadas
Las decisiones administrativas de la ANT han generado roces entre organizaciones de la región, provocando ocupaciones en zonas que los misak consideran propias. Según el liderazgo indígena, al menos 250 familias se encuentran afectadas por este escenario de inestabilidad, especialmente en las zonas montañosas del Cauca donde conviven los pueblos misak y nasa.
El traslado de la protesta a la capital
Yalanda aseguró que las 400 personas que se desplazaron hasta Bogotá permanecerán en la ciudad hasta ser escuchadas. El líder recordó que las protestas realizadas en el departamento del Cauca no fueron eficaces para obtener respuestas, lo que forzó la movilización hacia la capital. Además, enfatizó el clima de inseguridad que viven, mencionando atentados recientes que han cobrado la vida de miembros de su comunidad.
Acciones legales y recursos internacionales
Los manifestantes explicaron que han agotado las vías legales internas sin éxito, lo que los ha llevado a recurrir a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La demanda central sigue siendo la garantía de los derechos territoriales y la seguridad física de los comuneros, quienes aseguran vivir en un estado de conflicto permanente debido a la disputa por la tierra.
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