Bladimir Martínez Ladera
Ciudad Guayana.-Altos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, se niegan a acatar orden de la jueza Andrea Bompart, quien decidió como sitio de reclusión Centro de Coordinación Policial Vizcaíno de las mujeres imputadas por el feminicidio de Ángela Aguirre.
Familiares de la adolescente recientemente protestaron en el Palacio de Justicia en Alta Vista, Puerto Ordaz, pedían justicia, también persuadieron a la magistrado para que hiciera valer su decisión.
El padre de la menor se quejó por beneficios que reciben “Los 7” procesados en la sede de la policía judicial, “cuando tenían que estar encarcelados en La Pica y las mujeres en Vizcaíno”.
Además, sienten temor que en cualquier momento los imputados sean liberados y procesados en la calle, según por una serie de triquiñuelas que vienen gestando en complicidad con la fiscal Emily Hernández.
Denuncian que la fiscal en cuestión sigue teniendo acceso al expediente de la víctima Ángela, sin que nadie lo evite.
José Alberto Cedeño, Orlando Salazar, José Zorilla, Glauder Zorilla, Joselyn Barreto, Wilmer Díaz y Dayana Nicieza, aún se encuentran en la sede del Cicpc.
Después que el Tribunal Primero de Control, en materia de violencia de género decidió privativa de libertad contra “Los 7”, la defensa de los sujetos, apeló al fallo de la jueza.
Existe información que las dos exfiscales del Ministerio Público, abogadas de los supuestos homicidas solicitaron una medida cautelar para estas personas, a sabiendas que el delito cometido no tiene ningún tipo de beneficio, declaró abogada de las víctimas.
Los querellantes de Ángela Aguirre, entre ellos la doctora Yamileth Carvajal, afirmó que la apelación es para dilatar el proceso que se le sigue a “Los 7”.
Explicó la profesional del derecho que la demanda realizada por la defensa de los imputados tiene que ir a la Corte de Apelación y la misma debe ser en materia de violencia contra la mujer.
Carvajal, pidió al Tribunal Supremo de Justicia que se haga eco de lo que está ocurrió en el caso de la adolescente asesinada y violada en La Terecaya.
También pidió a TSJ que haga cumplir la orden de traslado de los imputados a la cárcel, tal como lo decidió el Tribunal Primero de Control de violencia y que altos personeros de la policía judicial se niegan a cumplir.
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