Asunción.- El ministro del Interior de Paraguay, Arnaldo Giuzzio, apuntó este martes a la acción de la «criminalidad común» en el secuestro la víspera de un hombre de 46 años en una estancia en Tacuatí, en el departamento de San Pedro (norte), y evitó relacionarlo con las guerrillas que actúan en esa zona.
En ese sentido, Giuzzio señaló a los medios que la forma en la que se produjo el secuestro «no tiene características del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) o de la Agrupación Campesina Armada (ACA)», una escisión del primero, aunque espera más información de la Unidad Antisecuestros de la Policía.
«Aparentemente, hay una nota en la que hay una suma de dinero solicitada y eso permite adecuar esta situación en el marco de un secuestro. Hay cosas que no cuadran», declaró el ministro a los medios en el Palacio de Gobierno.
El ministro delegó en la Policía Nacional, que expondría a lo largo del día más detalles del secuestro del hombre, que según los medios locales es hermano del administrador de la estancia.
Giuzzio informó sobre ese secuestro y la investigación pertinente al presidente, Mario Abdo Benítez, así como de la detención el lunes de un presunto integrante de la denominada «Brigada Indígena» de la guerrilla EPP, que estaría implicado en asaltos y quemas protagonizados por ese grupo armado.
«Le pasamos la información respecto al miembro de una comunidad indígena que fue detenido después de una investigación importante de la Unidad Antisecuestro», agregó.
El detenido es Jonny Paredes, arrestado en el departamento Central tras meses de investigación.
Asimismo, se dispone de fotografías de Paredes con Osvaldo Villalba, considerado el actual líder del EPP, y con otros integrantes del grupo armado, según informó la Fiscalía.
El EPP secuestró el pasado septiembre al exvicepresidente Óscar Denis, de 75 años, de quien no se tienen noticias desde entonces.
El secuestro se produjo en las inmediaciones de la estancia de Denis, entre los departamentos de Concepción y Amambay (norte), zona de influencia de la guerrilla.
Los secuestradores exigieron a su familia el reparto en varias comunidades campesinas de víveres por valor de dos millones de dólares, que afirmaron haber cumplido.
El EPP, fundado en 2008, se financia con secuestros y el cobro del «impuesto revolucionario» a propietarios de estancias agroganaderas del norte del país.
EFE
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