Irán acusó este lunes a Estados Unidos de orquestar la detención del ciudadano iraní Mohammad Abedini en Italia en lo que calificó como una “toma de rehenes”, una acusación que desde hace años dirigen contra Teherán grupos de derechos humanos y capitales occidentales y que tendría como objetivo presionar a otros Estados.
Abedini ya se encuentra en Teherán tras ser liberado ayer en Italia, cuatro días después de la puesta en libertad en Irán de la periodista italiana Cecilia Sala, detenida tras ser acusada de violar las leyes de la República Islámica, en una cronología inversa a sus detenciones en diciembre.
Sala fue detenida el 19 de diciembre cuando se encontraba en un viaje periodístico en el país persa, tres días después del arresto de Abedini en Italia a petición de Estados Unidos por supuestamente suministrar componentes de drones a la Guardia Revolucionaria.
Teherán ha negado que los dos casos estén vinculados y calificó hoy la detención de Abedini como “una trampa y toma de rehenes” organizada por Estados Unidos.
“Desde el principio creímos que se trataba de un tipo de trampa y toma de rehenes que lamentablemente se ha hecho habitual en los últimos años por Estados Unidos”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Baghaei, en una rueda de prensa en Teherán.
Y eso es precisamente de lo que Washington, Londres, París, Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch acusan a Teherán: del arresto de ciudadanos occidentales o con doble nacionalidad como medida de presión o para el intercambio de prisioneros con otros Estados, lo que se ha dado en llamar «diplomacia de los rehenes».
Las acusaciones contra estos presos oscilan entre el espionaje, la propaganda contra el sistema o la colusión contra la seguridad nacional, en lo que AI califica como “peones políticos” y víctimas de “crueles juegos políticos”.
El “think tank” Centro Stimson de Washington considera que la llamada «diplomacia de los rehenes» es “una herramienta de política exterior cada vez más común para algunos Estados, incluida la República Islámica de Irán”.
Según una investigación del centro estadounidense, está práctica comenzó como una táctica “oportunista” pero con el tiempo se ha transformado en una medida “estratégica” con la que “Irán busca a ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad para obtener concesiones externas de sus estados de origen”.
Casos recientes
El caso más reciente, además del de Sala, se produjo el pasado junio cuando Irán y Suecia alcanzaron un acuerdo de canje de prisioneros que permitió la liberación y el retorno a su país de Johan Floderus, un trabajador de la Unión Europea que fue detenido en suelo iraní cuando realizaba una visita turística en 2022, acusado de espionaje y del delito de «corrupción sobre la tierra”, y otro ciudadano iraní-sueco.
A su vez, Estocolmo liberó a Hamid Nouri, ciudadano iraní condenado a cadena perpetua por la justicia sueca por su papel en las ejecuciones masivas de los presos políticos iraníes en 1988.
En uno de los casos más sonados, Teherán y Washington intercambiaron en septiembre de 2023 cinco prisioneros de cada país, además de 6.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados, en una complicada operación en Doha.
Cuatro meses antes, el trabajador humanitario belga Olivier Vandecasteele, detenido en Irán en febrero de 2022, fue liberado a cambio del diplomático iraní Assadollah Assadi, condenado a 21 años de cárcel por terrorismo en Bélgica.
Otros presos occidentales o con doble nacionalidad aún arrestados
Tras la liberación de Sala aún quedan al menos 10 ciudadanos occidentales o con doble nacionalidad detenidos en Irán, acusados de espionaje o colusión contra la seguridad del país.
Entre ellos destacan los franceses Cécile Kohler y Jacques Paris, detenidos desde mayo de 2022 por cargos de espionaje y han llegado a aparecer en la televisión estatal iraní “confesando” sus crímenes.
El también francés Olivier Grondeau, turista de 34 años, fue detenido en octubre de 2022 en la ciudad de Shiraz y condenado casi dos años después a cinco años de cárcel por “espionaje y conspiración contra la República Islámica”.
Otro caso es el del sueco-iraní Ahmadreza Djalali, un académico detenido desde 2016 en Irán y condenado a muerte por cargos de espionaje en un país que ejecutó el año pasado a 901 presos, de acuerdo con la ONU.
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