Irán ejecutó este viernes a cuatro personas, entre ellas una mujer, condenadas a muerte por un tribunal de la República Islámica tras haber sido encontradas culpables de espionaje para los servicios de Inteligencia de Israel «Mossad», informó la agencia oficial iraní de noticias, IRNA.
Las cuatro personas, supuestamente iraníes, fueron ejecutadas en la provincia de Azarbaiyan occidental, en el noroeste del país, donde habían sido detenidas en octubre del año pasado junto con otras seis, y juzgadas bajo acusaciones de «sabotaje» y «espionaje para la entidad sionista», explicó IRNA sin precisar las sentencias contra los seis restantes.
«La pena de muerte se ejecutó este viernes contra cuatro miembros de un equipo de sabotaje vinculado a la entidad sionista, que cometieron actos de gran escala contra la seguridad del país bajo la dirección de agentes del Mossad», dijo IRNA.
«Los miembros de este grupo recibieron dinero de agentes de la entidad sionista y oficiales del Mossad en varias ocasiones a cambio de las tareas que completaron, y se comunicaban de forma directa con los oficiales del Mossad», añadió.
Poder Judicial
Insistió en que, según el Poder Judicial iraní, los miembros de «esa red (…) llevaban a cabo tareas que le asignaba el servicio de inteligencia sionista con la intención de perturbar la seguridad nacional mediante métodos de asesinato, secuestro, destrucción e incendios provocados».
Esta es la última de una serie de ejecuciones y sentencias a la horca en Irán.
El pasado día 16 las autoridades iraníes aplicaron la pena capital contra un hombre condenado por espiar para servicios de inteligencia extranjeros, entre ellos el Mossad.
La República Islámica e Israel son enemigos acérrimos, suponen una amenaza existencial mutua, compiten por la hegemonía regional y mantienen una guerra encubierta con ciberataques, asesinatos y sabotajes.
Irán es el principal país del mundo en la aplicación de la pena de muerte, con 576 ejecuciones llevadas a cabo en 2022, un sustancial aumento desde las 314 del año anterior, según Amnistía Internacional.
En lo que va de 2023, el país ha ejecutado a más de 750 personas, la mayoría de ellas por delitos relacionados con el tráfico y la posesión de drogas, de acuerdo con grupos de derechos humanos con sede en Europa.
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