La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia condenó este viernes a cinco exmilitares a penas que suman casi treinta años de trabajos restaurativos por su responsabilidad en dieciocho hechos que dejaron 35 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas de civiles, presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate.
Estas sanciones propias —cuyos montos individuales oscilan entre cinco años, seis meses y diez días, y seis años y seis meses— conllevan restricciones efectivas de derechos y libertades, además de estrictos mecanismos de monitoreo y supervisión judicial para verificar su cumplimiento.
Los condenados son los oficiales Edie Pinzón Turcios, Hermes Mauricio Alvarado Sáchica y Efraín Enrique Prada Correa, junto con los suboficiales Jaime Coral Trujillo y William Andrés Capera Vargas, quienes desempeñaron distintos cargos de mando en unidades militares que operaron en el departamento de Antioquia, al noroeste del país.
El tribunal creado a partir del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) halló a los cinco exuniformados responsables de desaparición forzada, en concurso con homicidio en persona protegida y asesinato, estableciendo distintos grados de participación.
La sentencia, enmarcada en el caso conjunto 03 y 04 conocido como Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, sanciona crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra perpetrados entre 1997 y 2007 en ese municipio y otras localidades del noroeste colombiano.
Sanciones restaurativas y reparación en los territorios
De acuerdo con lo establecido por la JEP, las penas impuestas estarán enfocadas en la búsqueda de personas desaparecidas, la construcción de memoria histórica, la dignificación de las víctimas, el desminado humanitario, el mejoramiento de infraestructura rural y el fortalecimiento de iniciativas productivas. «Las medidas estarán orientadas, entre otros objetivos, a la búsqueda de personas desaparecidas, la construcción de memoria y la transformación de los territorios afectados por la violencia», precisó la vicepresidenta de la jurisdicción, la magistrada Diana Vega.
Previo al fallo, los exmilitares ya habían participado de forma anticipada en trabajos, obras y actividades con contenido reparador (TOAR), ejecutando labores de educación sobre el riesgo de minas antipersona, recuperación ambiental, adecuación de escuelas y vías, formación en género y elaboración de murales de memoria, acciones que el tribunal valoró como antecedente de las obligaciones que ahora cumplirán bajo vigilancia judicial.
En Colombia se denomina «falsos positivos» a las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por agentes estatales que posteriormente hacían pasar a las víctimas como combatientes abatidos para reportar supuestos éxitos operacionales. Según las investigaciones de la propia JEP, al menos 6.402 personas fueron víctimas de esta práctica entre 2002 y 2008, periodo en el que se concentró el mayor número de casos durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010).
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