Londres.- El primer ministro británico, Boris Johnson, rechazó hoy apoyar una investigación parlamentaria sobre el amiguismo en el Gobierno, al concluir que será suficiente la que él mismo ha encargado sobre la relación de varios altos cargos con la financiera anglo-australiana Greensill Capital.
Johnson sostuvo que «no aportaría nada bueno» la iniciativa de la oposición laborista de crear un comité parlamentario que examine los casos de cabildeo y posible tráfico de influencias entre funcionarios y miembros del Ejecutivo.
La moción auspiciada por el líder laborista, Keir Starmer, se votará esta tarde en la Cámara de los Comunes, pero no se espera que prospere por los votos en contra del gobernante Partido Conservador.
Ante crecientes revelaciones en la prensa, Johnson ha encargado una investigación interna sobre posibles conflictos de interés al abogado gubernamental Nigel Boardman, pero la oposición cree que será insuficiente y que puede utilizarse para encubrir los hechos.
En la sesión semanal de control al Ejecutivo en los Comunes, Starmer lamentó hoy que hay un retorno a los trucos «sucios» de los conservadores, después de que la prensa denunciara que el ex primer ministro «tory» David Cameron presionó en 2020 a varios ministros para obtener préstamos favorables para Greensill, de la que era asesor desde 2018.
En los últimos días, los medios han revelado además que otros altos cargos tenían vínculos con esta empresa de financiación de la cadena de suministro, quebrada en marzo, que llegó a infiltrarse en varios departamentos del Gobierno.
Entre otras cosas, se ha sabido que el que fuera jefe de contrataciones públicas del Ejecutivo, Bill Crothers, empezó a trabajar para la financiera en septiembre de 2015, con aprobación de la Oficina del gabinete, antes de dejar su puesto gubernamental dos meses después.
El australiano de 44 años Lex Greensill, fundador de la empresa, llegó a tener acceso a las altas esferas del poder, según los periódicos.
Aunque Cameron fue exonerado por el regulador de haber violado las actuales normas de cabildeo, sus maniobras han reabierto el debate sobre tráfico de influencias y llevado a la oposición a pedir un endurecimiento de la ley.
EFE
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