El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció este viernes que citará a los empresarios turcos vinculados al sector cementero, tras cuestionar públicamente los elevados precios de este material de construcción en el oeste del país.
«Señora diputada América Pérez, al llegar a la ciudad de Caracas, me cita a los turcos esos que están con la cosa del cemento y me los lleva para mi oficina», ordenó el jefe del Legislativo durante un acto en el estado Trujillo, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Rodríguez argumentó que Trujillo es una de las regiones con mayor producción de cemento y arena sílice en Venezuela. Por ello, calificó de inaceptable que un solo saco del producto se comercialice actualmente entre los 32 y 37 dólares, una situación que aseguró reportará directamente a su hermana, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.
El peso de las inversiones turcas
Turquía y su comunidad empresarial se consolidaron en los últimos años como aliados estratégicos de la administración de Nicolás Maduro, invirtiendo en diversas áreas de la economía venezolana. Sin embargo, distintas organizaciones no gubernamentales han denunciado de forma reiterada que estos convenios binacionales se han caracterizado por la opacidad y la discrecionalidad.
A finales del año pasado, el embajador turco en Venezuela, Aydan Karamanoğlu, había ratificado el auge de estas relaciones bilaterales y confirmado el marcado interés de los capitales de su país por el desarrollo de la industria del cemento en territorio venezolano.
Un nuevo escenario político y económico
El panorama en el país suramericano experimentó un giro drástico a principios de este año tras la captura de Maduro por parte de las autoridades de Estados Unidos en Caracas. Desde entonces, el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha reorientado la agenda de cooperación internacional hacia el norte del continente.
Como contraparte al nuevo enfoque de Caracas, Washington ha flexibilizado progresivamente las sanciones económicas que pesaban sobre sectores clave como el petróleo y la minería.
En sintonía con esta apertura, la actual administración venezolana mantiene un llamado activo a la inversión extranjera global. Para respaldar esta estrategia, el Parlamento ha avanzado en la reforma de leyes estructurales —como las de hidrocarburos y minas— con el objetivo de ofrecer seguridad jurídica al capital privado, revirtiendo años de una política económica de control casi absoluto por parte del Estado.
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