Ciudad Guayana.- El miembro del Consejo de Administración por parte de Fedecámaras no ve oportuna la aplicación del articulo 33 de la constitución de la OIT y apuesta por mayor dialogo con la asistencia del organismo internacional
En 2022 se cumplirán tres años desde que la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) publicó un informe detallado de las violaciones del gobierno de Venezuela a los convenios internacionales 26, 87 y 144 sobre fijación de salario mínimo, libertad sindical y consulta tripartita.
Desde ese entonces, el gobierno de Nicolás Maduro ha fijado una posición de desconocimiento del informe y escasa aplicación de las recomendaciones para mejorar las relaciones laborales en el país.
Ante esto, el Consejo de Administración 341 -de marzo de 2021- decidió continuar las medidas de presión contra Venezuela e incluyó como punto en el orden del día del Consejo 343 la “consideración de todas las medidas posibles, incluidas las previstas en la Constitución de la OIT, necesarias para garantizar que Venezuela cumpla las recomendaciones de la Comisión de Investigación”.
El expresidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) y miembro del Consejo de Administración por los empleadores, Jorge Roig, expresó que en este consejo 343 -de noviembre- no estuvo planteado en “ningún momento” la utilización del articulo 33 para la aplicación de sanciones contra Venezuela, porque el gobierno ha realizado durante el año encuentros con representantes de empleadores y trabajadores.
Lejos de la ampliación del artículo 33 de la constitución de la OIT, en este consejo 343 se deploró que la administración de Maduro no haya tenido ningún progreso para aceptar las recomendaciones del informe de la comisión de encuesta, se reconoció las recientes medidas adoptadas por el gobierno para iniciar un diálogo con los interlocutores sociales y se instó a Venezuela a transformar el diálogo en un foro de diálogo social con la asistencia y presencia de la OIT.
Además, en el encuentro se solicitó al director general, Guy Ryder, que colabore con el gobierno de Venezuela para la aplicación de las recomendaciones y los convenios mencionados en la Comisión de Encuesta.
“Lo que se planteó en esta discusión fue primero reconocer los esfuerzos. ¿Qué han sido pequeños, infructuosos, o no dan resultados? pero los están haciendo y yo no puedo decir que no. Hemos tenido más de 10 reuniones con el ministro del Trabajo, seis con el ministro de Comercio, aquí se están reuniendo, que no ocurra nada es otro cuento”, declaró Roig.
El representante de los empleadores explicó que, antes de tratarse el tema venezolano, se publicó un proyecto de decisión realizado por oficiales de la OIT para que se discutiera entre los representantes de los países, empleadores y trabajadores, el cual fue aceptado por todos los representantes a excepción de Colombia.
“Allí no hubo votación, fue un consenso absoluto entre todos los países y votar por otra resolución hubiese sido imposible (…) nosotros decidimos como organismo colegiado de la OIT, que esa resolución era la correcta y votamos”, indicó.
Colombia consideró que las medidas eran blandas y que se podían aplicar sanciones más drásticas. Por su parte, Fedecámaras no ve positivo la aplicación del artículo 33, que traería sanciones contra Venezuela.
El artículo 33 de la Constitución de la OIT establece que en caso de que un miembro no cumpla los prescrito a las recomendaciones del informe de la comisión de encuesta el Consejo de Administración “recomendará a la Conferencia las medidas que estime convenientes para obtener el cumplimiento de dichas recomendaciones”.
“¿Qué ganamos nosotros con una sanción que saque a Venezuela de la OIT? lo que queremos es una espada de Damocles, que sea una amenaza constante, creíble, para que el gobierno se siente con los empresarios a negociar. Yo no quiero que sancionen más a Venezuela y Fedecámaras tampoco”, añadió.
De acuerdo con Roig, de noviembre de 2021 al próximo consejo de marzo de 2022, debe haber encuentros con el gobierno que tengan la asistencia de representantes de la OIT. Añadió que el ministro del Trabajo, José Ramón Rivero, enviará una carta al director general, Guy Ryder, para que designe al representante de la institución.
“Vamos a hacer las cosas formales, con un representante de la OIT, con minutas, con temas discutidos y ya tenemos a un testigo que va a decir que está ocurriendo, porque hasta ahora nosotros decíamos nos reunimos y no nos dan nada y el gobierno decía, nos reunimos y mucho, entonces es necesario un árbitro que esté en el medio y ese va a ser la OIT”, finalizó.
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