El economista José Guerra calificó este 6 de noviembre como “desquiciante” la inflación anualizada del 377 % reportada por el Banco Central de Venezuela (BCV), advirtiendo que la desaceleración del índice en octubre (6,2 %) no alivia el poder adquisitivo de los trabajadores frente a un salario mínimo estancado en 130 bolívares desde 2022.
El análisis de la coyuntura económica pone de relieve distorsiones significativas entre el mercado cambiario y el ajuste de precios. Mientras que el dólar oficial aumentó un 3,5 %, el indicador de inflación del BCV casi duplicó ese porcentaje al cerrar el décimo mes del año en 6,2 %.
Para Guerra, este elevado traspaso de la devaluación hacia los costos finales encarece los productos nacionales frente a los importados, obligando al ente emisor a sacrificar reservas internacionales para sostener una tasa cambiaria bajo presión.
En paralelo, las primeras jornadas de noviembre han mostrado un avance continuo en la cotización del dólar oficial, situándose al cierre del 6 de noviembre en 897,54 bolívares, muy cerca de la barrera psicológica de los 900 bolívares, con un incremento semanal del 0,90 %. La situación se agrava al contrastar estas cifras con los marcadores digitales como el USDT, que cotiza en torno a los 1.019 bolívares, abriendo una brecha cambiaria del 13,53 %.
Esta dinámica de precios y devaluación choca de frente con los ingresos fijos de la población. Con un salario mínimo legal congelado en 130 bolívares mensuales —equivalente a apenas 0,14 dólares— y una canasta alimentaria que supera los 760 dólares según mediciones del Cendas-FVM, los ingresos básicos cubren un porcentaje ínfimo de los gastos indispensables del hogar. En las calles, los consumidores denuncian que las remuneraciones en bolívares se desvalorizan velozmente ante comercios que calculan sus costos a tasas paralelas o de referencia superior.
Ante este escenario de desequilibrios macroeconómicos, la presión sobre el aparato productivo y el descontento social continúan en ascenso, evidenciando la urgencia de soluciones estructurales que estabilicen el signo monetario nacional y recuperen el valor real de los ingresos de los trabajadores.
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