La reciente designación de Larry Devoe como nuevo fiscal general de la República por parte de la Asamblea Nacional ha desatado una ola de críticas entre los principales líderes de la oposición venezolana. El nombramiento, realizado este jueves, es visto por los sectores detractores como una estrategia para mantener el control político del Ministerio Público bajo la administración interina de Delcy Rodríguez.
El dirigente Juan Pablo Guanipa, cercano a María Corina Machado, fue uno de los más contundentes al calificar a Devoe como «cómplice por años» de las violaciones de derechos humanos cometidas por el chavismo. Guanipa recordó que Devoe, desde su cargo como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos desde 2014, «ignoró y se burló» de las denuncias de torturas y asesinatos ocurridos durante las protestas de 2014 y 2017.
Un perfil cuestionado por su cercanía al Ejecutivo
Por su parte, el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles señaló que el cambio de titularidad no representa una reforma real. «Sale un fiscal afecto al Gobierno y entra otro», afirmó Capriles, destacando que Devoe ha actuado sistemáticamente como abogado defensor de los intereses estatales ante organismos como la CIDH, bloqueando incluso el acceso de relatores internacionales al país.
Las críticas también alcanzaron a la nueva defensora del pueblo, Eglée González, cuya designación, junto a la de Devoe, se produce tras las dimisiones de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz. El partido Primero Justicia (PJ) enfatizó en sus redes sociales que las instituciones deben estar al servicio de los ciudadanos y «no de la camarilla de Delcy Rodríguez».
Crisis poselectoral
La oposición vincula este nombramiento con la necesidad del oficialismo de blindarse jurídicamente tras la crisis de 2024, que dejó un saldo de más de 3.000 detenidos y una treintena de fallecidos. Guanipa subrayó que Devoe guardó silencio ante lo que calificó como el «robo» de las presidenciales, lo que lo inhabilitaría moralmente para ejercer una justicia imparcial.
«Venezuela necesita un fiscal que ponga la ley primero que la política, no uno que tenga como política destruir la ley», sentenció Guanipa.
En marzo, un grupo de 11 organizaciones no gubernamentales ya había advertido sobre la opacidad en el proceso de selección de estas autoridades, denunciando la falta de criterios claros de evaluación. Con este movimiento, el chavismo reafirma su control sobre el Poder Ciudadano en un momento de alta sensibilidad internacional tras la captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades estadounidenses a principios de año.
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