El juez de la Audiencia Nacional que investiga la concesión de un rescate estatal a Plus Ultra —caso en el que está imputado el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero— solicitó un informe «exhaustivo» sobre la evolución accionarial de la aerolínea desde 2017, año en el que ingresó capital venezolano.
La investigación busca determinar si los cambios en la propiedad influyeron en la concesión del préstamo público de 53 millones de euros otorgado en 2021 para mitigar las pérdidas de la pandemia. Según un escrito de la fiscal Elena Lorente, la Fiscalía solicita este análisis para evaluar el «eventual impacto» de la estructura accionarial en la solicitud de la ayuda.
La empresa se fundó en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque. A partir de 2017, según un informe de la UDEF de la Policía Nacional, personas de origen venezolano ingresaron al capital social y a los órganos de gestión mediante diversas escrituras públicas.
En diciembre de 2025, la UDEF detuvo a Martínez Sola y a Roberto Roselli (consejero delegado). Aunque fueron puestos en libertad posteriormente, Martínez Sola dimitió como presidente de la aerolínea.
El expresidente figura como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. En su declaración del 17 de junio, negó haber intercedido ante las autoridades o mantenido contacto con directivos de la compañía para favorecer la concesión del préstamo.
La querella fiscal señala que Plus Ultra figura como beneficiaria de supuestos contratos de préstamo con tres sociedades dedicadas a blanquear fondos procedentes de la malversación de caudales públicos por parte de funcionarios venezolanos.
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