Un juez del estado de Nueva York ordenó este martes a la Administración del alcalde Zohran Mamdani rediseñar la puesta en marcha del impuesto sobre las segundas residencias de lujo —conocido como el gravamen pied-à-terre— tras calificar de «arbitrarias y caprichosas» las notificaciones remitidas a propietarios cuyas viviendas principales no estaban sujetas a esta tasa.
La resolución del magistrado Wayne Ozzi, del tribunal de Staten Island, resuelve la demanda presentada el pasado agosto por tres contribuyentes. Los afectados denunciaron haber recibido notificaciones informando de la aplicación del gravamen sobre sus residencias habituales, además de cuestionar la divulgación pública, en el portal del Departamento de Finanzas (DOF), de sus nombres, direcciones y valores de mercado junto a los de más de 900.000 inmuebles.
Fallo judicial por vulneración de garantías
«Los propietarios están siendo perjudicados y penalizados de manera innecesaria debido al método de implementación de la ley», dictaminó el magistrado Ozzi en su sentencia.
El dictamen obliga al Ayuntamiento a retirar de forma inmediata la lista masiva publicada en la web del DOF y le exige sustituirla por un registro exclusivo que contenga únicamente a los contribuyentes obligados al pago. Asimismo, el tribunal determinó que los avisos enviados por correo vulneraron los derechos de los demandantes a un proceso con las debidas garantías.
«Los demandados no realizaron debidamente ‘determinaciones iniciales’ individualizadas con respecto a las ‘residencias principales’. Se ordena que utilicen la información fiscal más reciente disponible», acotó Ozzi, precisando que dicho criterio deberá aplicarse tanto al ejercicio fiscal en curso como a los posteriores.
Notificaciones masivas e impacto de la medida
Según la querella interpuesta, en la ciudad de Nueva York solo existen unas 24.000 propiedades que superan los umbrales de valor de mercado fijados por la normativa. La mayoría de ellas corresponden a primeras residencias; sin embargo, la Administración municipal llegó a notificar a más del 70 % de dichos inmuebles.
Aprobado en mayo pasado por la Legislatura estatal, el impuesto pied-à-terre recae sobre inmuebles de una a tres familias con un valor de mercado igual o superior a los 5 millones de dólares, así como sobre condominios y cooperativas valorados en un millón de dólares o más.
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