Una juez federal dictó este lunes una orden de restricción temporal que paraliza la multimillonaria fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery. La medida frena de forma inmediata la operación en el sector del entretenimiento tras la acción emprendida por autoridades estatales.
El fallo fue dictado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California por la magistrada Araceli Martínez-Olguín. La decisión judicial impone una pausa de catorce días en el proceso corporativo, fijando para el próximo 3 de agosto la audiencia en la que se debatirá una orden cautelar de mayor duración.
Para comprender cómo se llegó a esta paralización, es preciso remitirse al pasado 13 de julio. En esa fecha, una coalición de doce estados —liderada por el fiscal general de California, Rob Bonta, e integrada también por los fiscales de Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington— presentó una demanda judicial para detener la compra valorada en 110.000 millones de dólares. Las autoridades estatales sostienen que la transacción viola la Sección 7 de la Ley Clayton, precepto legal que prohíbe las fusiones que reduzcan sustancialmente la competencia o tiendan a generar monopolios.
En la argumentación del dictamen, la jueza señaló que el interés público favorece la suspensión temporal debido a las dudas sobre el fondo del asunto y la necesidad de evaluar el impacto en el mercado. De este modo, Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery deberán mantenerse operando de manera independiente durante la tramitación inicial del recurso.
Los demandantes advierten que la unión entre dos de los cinco grandes distribuidores de cine y canales de televisión de pago derivará en mayores costos para las salas de exhibición, tarifas elevadas en las suscripciones y una reducción en la oferta de contenidos. Por su parte, los voceros de Paramount declararon que el fallo simplemente preserva el estado actual del asunto mientras la corte examina el litigio, sosteniendo que demostrarán en tribunales la legalidad y viabilidad del acuerdo.
El acuerdo corporativo ya contaba con la aprobación regulatoria del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de otras autoridades globales, si bien todavía requiere el visto bueno de los organismos antimonopolio en la Unión Europea y el Reino Unido. Además, la prisa de las empresas por resolver el contencioso responde a que a finales de septiembre comenzarían a generarse elevadas penalizaciones financieras mensuales por retrasos en la conclusión de la transacción.
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