Un juzgado boliviano ordenó este domingo una nueva medida de detención preventiva por 180 días contra el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca. La resolución judicial se enmarca en un proceso por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, iniciado tras la incautación de más de 300.000 dólares durante operativos posteriores a su arresto.
Durante la audiencia cautelar efectuada bajo modalidad virtual, la autoridad judicial dispuso que Mariaca sea trasladado al centro penitenciario de Cantumarca, ubicado en el departamento de Potosí. El abogado defensor del exfiscal, Jerjes Justiniano, confirmó la decisión, la cual se suma a una medida idéntica dictada un día antes por otro tribunal en el marco de la causa que le imputa supuesta organización criminal y tráfico ilícito de sustancias controladas.
En la causa por legitimación de capitales también se encuentran imputadas otras cuatro personas, arrestadas en la región de Santa Cruz cuando presuntamente intentaban evacuar moneda local y divisas ocultas en una ambulancia desde el condominio donde residía el exfuncionario. El monto total confiscado ascendió a 303.270 dólares, quedando en custodia del Ministerio Público, mientras que los cuatro involucrados fueron remitidos a penales del departamento de La Paz por el mismo periodo de seis meses.
Argumentos de la defensa y pronunciamiento del imputado
El jurista Justiniano cuestionó el fundamento de la imputación al sostener que la tenencia de divisas no configura un ilícito per se, señalando que corresponde al ente fiscal demostrar el origen irregular de los fondos confiscados. Asimismo, indicó que al término de la audiencia, Mariaca manifestó que se le habían vulnerado derechos fundamentales, ratificando su disposición a someterse a las investigaciones pertinentes.
Alcance de las investigaciones y destitución del cargo
Mariaca fue aprehendido en Santa Cruz bajo acusaciones gubernamentales de liderar una estructura orientada a brindar protección a redes de narcotráfico. La causa abarca a otros funcionarios, entre ellos el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el fiscal superior Martín Irusta; y un oficial de la Policía, quienes fueron enviados de forma preventiva a recintos carcelarios de Cochabamba y La Paz.
Las acciones judiciales se produjeron días después de que el Gobierno de Estados Unidos incluyera a Mariaca, Zeballos e Irusta en una lista de sancionados con la revocación de visados por presuntos actos de corrupción. En el ámbito normativo interno, Mariaca fue removido de su cargo tras la aprobación de una reforma legal que faculta la suspensión definitiva del fiscal general en caso de imputación formal o aplicación de medidas cautelares. Las autoridades señalan además presuntos antecedentes de protección a la organización vinculada al ciudadano uruguayo Sebastián Marset.
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