La juventud del partido opositor Primero Justicia (PJ) se movilizó este miércoles para exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) la apertura inmediata y formal del registro de votantes. La solicitud busca garantizar que los ciudadanos puedan inscribirse o actualizar sus datos ante un posible llamado a las urnas, en un clima político marcado por los cuatro meses transcurridos desde la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos.
María Gabriela Retamoza, vicepresidenta de Formación de PJ en el estado Zulia, enfatizó la necesidad de un cronograma claro que permita la participación juvenil. La dirigencia propone la instalación de puntos de registro en cada municipio del país, argumentando que las máquinas pertenecen a la ciudadanía y deben estar visibles y accesibles para asegurar una auditoría social del proceso.
Obstáculos institucionales en el Zulia
Durante la jornada, un grupo de jóvenes intentó consignar un documento con estas demandas en la sede regional del CNE en el Zulia; sin embargo, las autoridades del ente rechazaron recibir la misiva. Al respecto, Patricia Cuevas, presidenta adjunta del partido en la entidad, reafirmó el compromiso de la organización de acompañar a los nuevos votantes en la defensa de su derecho a la participación política.
Presión por plazos electorales
La presión de los movimientos juveniles coincide con las recientes declaraciones de la líder opositora María Corina Machado, quien durante la Conferencia Global 2026 en Los Ángeles estimó que los comicios deben realizarse en un plazo máximo de 12 meses. Machado subrayó la importancia de alinear los tiempos electorales con la estrategia de la administración de Donald Trump para resolver la crisis venezolana.
Prioridades del Estado y postergación de fechas
A pesar del reclamo opositor, las autoridades venezolanas han mantenido el tema electoral en un plano secundario, enfocando la agenda pública en la estabilización económica. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, declaró recientemente que definir una fecha para los comicios no representa una tarea «perentoria» en este momento, lo que mantiene el panorama institucional en una fase de incertidumbre.
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