I.
Releyendo algunos textos de Kafka entiendo cada vez más lo que escuché en una oportunidad sobre que este escritor, si hubiera vivido en América Latina hubiera sido un naturalista. Creo que lo oí en México y en el contexto del famoso episodio de la mesa de Diego Rivera.
Pero la cuestión es patética si se plantea desde la experiencia de alguien «ante la Ley» o sometido a un «proceso» legal. Hay una gran abundancia de materiales escritos (abogados, críticos literarios, teóricos del lenguaje, pseudofilosofos) que analizan la obra kakfiana no sólo en cuanto producto de literatura sino en tanto que reflexión sobre las leyes. Kafka era abogado y ejercía en el ámbito de asesoramiento de seguros y es de suponer que vio de cerca muchos procedimientos. Por otra parte, es posible que su escritura haya sido permeada por la práctica profesional. Los abogados suelen ser buenos narradores.
II.
Pero he releído a Kafka a raíz de mi propia experiencia con «la Ley». El 31 de marzo del 2021 fui detenida. Unos días antes yo había publicado una crónica, «La Fiesta Mortal», donde relataba unas bodas celebradas en Lechería con una asistencia de 800 invitados, lo que hace presuponer unas 200 personas de servicio. Los abundantes videos en redes sociales muestran a los festejadores incumpliendo todas las medidas de bioseguridad impuestas por la pandemia y decretadas por el gobierno. Varios vídeos enfocan al Fiscal General de la Nación en alegre bailoteo, apadrinando así con su poder a las dos parejas de jóvenes árabes que se unían en matrimonio. Como consecuencia de esa fiesta hubo un fuerte repunte del contagio directo e indirecto de Covid, pues los empresarios y comerciantes, al incorporarse a sus centros de trabajo infectaron a sus trabajadores, con el colapso consiguiente de los centros de salud de la zona y ciudades aledañas y un número aún indeterminado de fallecimientos.
La fiesta sucedió, sin dudas. La presencia del Fiscal está documentada, sin dudas. Lo que relaté sucedió, sin dudas. Mi relato fue objetivo, sin denuestos, más una especie de crónica social. Y fue publicada en un restringido grupo regional de WhatsApp. Pero la susceptibilidad del poderoso causó que decidieran aplicarnos al administrador del grupo y a mí la Ley contra el Odio, un instrumento espurio e ilegítimo que se utiliza a discreción, y que fue creado para penalizar cualquier disidencia.
III.
Desde el 30 de marzo por la tarde comenzaron a buscarme, según supe a posteriori, con una comisión fuertemente armada del Grupo Antiextorsión y Secuestros. El 31 se llevaron a mi amigo Juan Manuel Muñoz y pasaron por mi casa, mas yo no estaba y a mi regreso me lo informaron los vecinos. En vista de eso, advertí del asunto a mis amigos por teléfono y por las redes sociales y fui a presentarme por consejo del doctor Jorge Márquez, en ese momento mi abogado. Allí, nos incautaron los teléfonos celulares y nos pusieron a la orden de la Fiscalía. El doctor Jairo Gil, fiscal de la 7, se presentó en la sede policial, aunque no lo vi.
Y a partir de entonces comenzaron a retumbar las redes sociales. El artículo en cuestión pasó a hacerse viral nacional e internacionalmente y el escándalo por la detención fue de tal magnitud que nos presentaron al día siguiente en los tribunales y fuimos «condenados» a medidas cautelares como régimen de presentación y prohibición de mencionar la fiesta, al Fiscal, los detalles del juicio y todo lo relacionado durante 6 meses. Pero el escándalo siguió: la jueza Mansour, que nos condenó, fue destituida y restituida a un destino diferente. Hubo un escarceo allí entre el TSJ y la Fiscalía. Alguien se negó a entregarme el celular, dejándome sin mi herramienta de trabajo, negándome el derecho a trabajar. Tengo, por si fuera poco, «una edad», es decir, más de 70 años. Y durante todo este tiempo desde el 31 de marzo de 2021 he venido soportando hostigamientos, una atmósfera de amenazas veladas (y no tanto, porque hasta han mencionado una fatwa (sic) por la supuesta ofensa a la etnia árabe)
IV.
A esta fecha, ya pasaron con creces los seis meses de la condena y he estado solicitando el acto conclusivo y la libertad plena sin obtener resultados. Que conste que en algún momento se me informó que ya era un hecho y, por lo visto, fue mentira.
Así que me dirigí al Tribunal y allí la jueza Vanessa Jiménez me hizo saber que el expediente fue reenviado a la Fiscalía 7, donde actúa el inefable doctor Gil y que solicitara allí una respuesta. Así que fui e hice la solicitud por escrito. Un petitorio, como dice mi actual abogado. De semana en semana he estado yendo. Inútilmente. La noticia más reciente fue que el expediente estaba de nuevo en el cuerpo policial, lo cual es, al parecer, una mentira. Me han dicho que el retardo procesal es otra forma del castigo. Pero el retardo procesal es violatorio de la Constitución y de los derechos humanos. El retardo procesal me pone en el mismo lugar de Joseph K. Y en el mismo lugar donde el hombre que quiere entrar a la Ley muere sin conseguirlo. Mi salud ya está erosionada por la incertidumbre. Se podría pensar que estoy condenada a muerte.
V.
Recientemente, mi caso fue presentado en un evento en Sudáfrica, auspiciado por el Pen Internacional. Antes de eso, varias organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos y de defensa a la Libertad de Expresión se han venido manifestando con muy diversos grados de interés. Por mi parte, lo denuncié desde el principio en la CIDH de la OEA, donde fue admitido y, presumiblemente, agregado al expediente que siguen contra Venezuela en la Corte Penal Internacional. He estado manteniendo los contactos pertinentes. No he dejado de escribir, de denunciar, de pelear…
¿De verdad vale la pena que los nombres de fiscales y jueces y cuerpos policiales y la ya agrietada reputación del régimen dictatorial venezolano anden por ahí mencionándose en términos de represión, tortura y violación de derechos fundamentales? No es solo que esos son delitos que no prescriben, de acuerdo con el Estatuto de Roma, sino que la historia se asienta y un día lejano o no las generaciones futuras sabrán y quizá se avergonzarán y ésa es la herencia maldita que los involucrados dejarán a su descendencia. Una herencia que no puede esconder el dinero. Así que nuevamente digo, con Alí Primera: » se puede matar al hombre/ mas no matarán la forma/ en que se alegraba su alma/ cuando soñaba ser libre»
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