El gobierno del recién asumido presidente chileno, José Antonio Kast, anunció un recorte de 72.000 millones de pesos (unos 77,6 millones de dólares) en el presupuesto de Seguridad Pública, área que durante su campaña describió como una crisis “descontrolada” y parte de una “emergencia nacional” que posicionó entre sus máximas prioridades.
«Volver a vivir sin miedo no es un eslogan, es una promesa concreta y vamos a erradicar el crimen con decisión, sin eufemismos ni medias tintas», afirmó Kast durante su candidatura, cuando también afirmó que en Chile la autoridad había «desaparecido».
La propuesta, presentada ante la Comisión de Seguridad del Congreso por la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, contempla recortes de 55,6 millones de dólares en Carabineros, 17,4 millones en la Policía de Investigaciones y 5,4 millones en programas como el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado y el Plan Calles Sin Violencia, enfocado en reducir homicidios en zonas específicas.
“Lo que nosotros hemos garantizado y lo que garantizamos a esta comisión es que ninguno de los recortes que se hará tendrá que ver con temas sensibles que naturalmente afecten con la seguridad», aseguró ante los parlamentarios el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, en su exposición sobre el recorte presupuestario.
«Si un gobierno decide gobernar bajo la lógica de la emergencia, tiene que sostener ese estándar en sus decisiones y no puede declarar crisis y luego tratar la seguridad como una variable más dentro de un ajuste general, ahí es donde el discurso pierde consistencia», dijo a Efe el académico Víctor Beltrán.
Narrativa versus datos
En los últimos años, el narcotráfico y el crimen organizado se han convertido en una de las principales preocupaciones del país, expandiendo economías ilícitas, lavado de dinero y penetrando instituciones públicas y militares.
«Chile enfrenta un problema serio de crimen organizado, pero la idea de ‘emergencia’ no es un diagnóstico técnico sino más bien una herramienta política para justificar medidas excepcionales», explicó Beltrán.
Durante el gobierno de Gabriel Boric (2022-2026), añadió, se «modificó el enfoque de seguridad, se incrementaron recursos, se fortalecieron capacidades y se instaló una persecución penal más coordinada».
Según el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios 2025 de la Fiscalía Nacional, el año pasado hubo 1.091 víctimas, 118 menos que en 2024, con una caída de 11,5 % en la tasa que bajó de 6,1 a 5,4 por cada 100.000 habitantes, tras el peak de 6,7 en 2022, y en ese contexto sostuvo que «más que una emergencia descontrolada, lo que hay es un sistema bajo presión que empezó a reaccionar».
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